Política científica: recursos en función de resultados deseados

El actual gobierno se compromete a financiar más las ciencias básicas que los esfuerzos tecnológicos y de innovación, a lo cual conviene preguntarse ¿verdaderamente los científicos que recibirán estos apoyos se comprometerán a realizar sus investigaciones en forma eficiente, de tal modo que aporten una corriente constante de hallazgos que puedan traducirse en nuevos productos, medicamentos o soluciones a los problemas nacionales?

Los debates en torno a la política científica reflejan las tensiones que se viven en lo social. Tanto los políticos como la sociedad civil comienzan a plantearse si el sistema de financiación de las actividades científicas debe seguir basado en la órbita de la revisión de pares, o bien, vincularse explícitamente con la búsqueda de los resultados deseados.

OPINIÓN: A la sombra de la 'cuarta transformación'

Actualmente sabemos muy poco acerca de ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿cómo? “funciona” la ciencia e incluso de si efectivamente funciona en el sentido de lograr resultados socialmente deseables.

La ausencia de una política tecnológica y de innovación explícita refleja la ideología representada por el actual gobierno. Según el planteamiento de la Dra. Álvarez-Buylla, la política tecnológica y de innovación no es pertinente: es necesario y suficiente dotar de recursos a la investigación básica para impulsar avances tecnológicos en el proceso de transformación social.

Fomentar la investigación también debe significarse el promover que tanto los niños como sus familias participen en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación; es importante la participación del gobierno a través del fomento de la investigación en la sociedad, para así formar personas con nuevos ideales y con las competencias y habilidades óptimas que les ayuden a observar la realidad social para encontrar problemas que resolver.

Es cierto que las universidades a lo largo de los años vienen afrontando grandes retos en el ámbito formativo y de investigación; podría decirse que en México existen universidades altamente calificadas, incluso algunas de ellas ranqueadas entre las mejores a nivel internacional. Sin embargo, ello no se ve reflejado en mayor cantidad de investigadores de alto nivel.

Según el Conacyt, en 2018 el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) agrupó a 30,548 miembros, esto representa escasamente 0.7 investigadores por cada 1,000 habitantes de población económicamente activa, mientras que en países como Brasil y España este mismo indicador fue de 1.7 y 6.7 respectivamente. Aunado a ello, en el 2016, el número de artículos indexados producidos por científicos mexicanos ascendió a 16,229, ubicando a México en la posición 28 de 194 naciones con mayor producción de artículos y aportó el 0.62% del conocimiento generado en todo el mundo.

La presencia del gobierno incentivando a las empresas para que apuesten por desarrollar I + D en sus industrias, para que innoven y trasladen sus ideas al mercado, ayudará en la generación de conocimientos y redes empresariales para la resolución de problemas que aparecen a diario y que resultan más complejos, pese a contar con los grandes avances científicos.

OPINIÓN: La protección que urge a los artículos científicos universitarios

El cierre de brecha tecnológica de México con los países desarrollados requerirá de políticas de ciencia y tecnología vinculadas al mercado, con una fuerte cultura empresarial hacia la innovación.

En esta nueva visión de apoyo a la ciencia se debe buscar trascender hacia una exigencia amplia, responsabilidad y medir el impacto de las actividades científicas con financiamiento público en términos de resultados. Insistir en la obtención de resultados medibles, incluyendo a la investigación básica, con miras a financiar investigaciones interesantes desde el punto de vista científico, pero que también aporten a la atención de las necesidades y prioridades del país.

Debe dedicarse más atención y recursos al “impacto social de la política científica”, en donde su puesta en práctica exige del uso del tipo de herramientas cuantitativas de las que disponen las autoridades de la política económica.

México deberá de resistir la tentación de que la investigación básica “pura” redundará automáticamente en beneficios sociales, así como de desestimar el apuntar a tecnologías y sectores especiales que favorecen automáticamente la tasa de innovación del país.

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es director de Spark UP y académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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