OPINIÓN: A la sombra de la 'cuarta transformación'
Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es titular de Emprendimiento e Incubación en la Universidad Panamericana. Desde 2004 ha desarrollado actividades profesionales en gestión de la Innovación, gestión de inversión de capital privado emprendedor, la planeación, organización y conducción de las políticas de desarrollo del financiamiento del emprendimiento, la productividad y la innovación. Las opiniones expresadas en el texto son responsabilidad del autor.
(Expansión) - Es un hecho que a más de dos meses de gestión en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene al país en una mezcla de rupturas y desaciertos que parecieran empujarlo a la incertidumbre.
La aparente preocupación del actual gobierno es en torno al desarrollo social; sin embrago, a raíz de los recientes acontecimientos políticos y económicos, esta preocupación ha sido sustituida por una férrea defensa del mito sobre la llamada cuarta transformación.
El gobierno ha desestimado el rol de la iniciativa privada y la sociedad civil en el crecimiento económico y desarrollo social. El desgaste provocado por gobiernos anteriores le ha permitido al presidente justificar y legitimar sus acciones, fundamentado en los mitos y realidades que suponen la existencia de mandatos plagados de fallas e injusticias, presentando a México en vías de un futuro promisorio. Este es sin duda un salto ideológico que pretende vendernos una vanguardia sucesiva y patriótica en donde el único guardián es el titular del ejecutivo.
Existe un evidente descrédito hacia los diferentes órganos constitucionales autónomos del país. Parece que en este régimen no importan los errores en los que se incurra, se asume que siempre habrá tiempo para corregirlos y de no ser así escucharemos que “las acciones han sido tomadas con total honestidad por ello no tenemos inconveniente en reconocer que fue un error”; mientras tanto los costos de esos desaciertos serán asumidos por la sociedad en su conjunto.
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Por ejemplo, los organismos autónomos son cuerpos institucionales que surgieron como un elemento de certidumbre en la planeación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas del país, mostrándose como las estructuras técnicas y normativas que garantizaran la congruencia en el ejercicio trasparente y eficiente de la política pública con una visión de largo plazo capaz de medir los impactos reales de las decisiones de gasto e inversión.
En términos generales, como lo abordan Daron Acemoglu y James A. Robinson, la forma en la que se gobiernen las instituciones afecta en gran medida a la actividad económica y social. La existencia de organismos autónomos es esencial, pues por su naturaleza y función resultan necesarios para la construcción y preservación de un estado democrático; de igual forma son clave para fortalecer la gobernabilidad entre los intereses y deberes de los sectores público, privado y social.
Un ejemplo claro de la importancia de estos órganos en el país lo tenemos con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Es responsable de vigilar la competencia y libre concurrencia en los mercados -exceptuado el de telecomunicaciones y radiodifusión-; prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas o las concentraciones ilícitas; así como eliminar las barreras a la competencia y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
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Según datos de 2017, la Cofece atendió y resolvió la existencia de barreras a la competencia en el servicio público de transporte de carga en Sinaloa, multó por más de 581 millones de pesos a siete empresas navieras por distribuirse diversos segmentos de rutas marítimas, multó por más de 368 millones de pesos a Pemex TRI y sancionó con más de 394 mil pesos a los agentes económicos que participaron directamente en la manipulación del precio de la tortilla de maíz en Jalisco.
En los últimos cinco años, este órgano constitucional se responsabilizó de 531 operaciones (adquisiciones, fusiones o alianzas) entre empresas analizadas y 58 procedimientos por prácticas anticompetitivas, concentraciones ilícitas, barreras a la competencia y condiciones de competencia en los mercados.
Los organismos constitucionales autónomos son mecanismos encaminados a la ‘ciudadanización’ del ejercicio de gobierno y suponen un proceso de auditoría social como elemento de control de la gobernanza en México. Lo anterior supone priorizar una función pública ética, justa, equitativa, progresista, sustentable capaz de garantizar beneficios colectivos para las comunidades actuales y del futuro a través de ejercicios de aproximación hacia las necesidades de la sociedad, con el principio de buscar el bienestar de todos los grupos poblacionales, pero sobre todo de aquellos que han sido excluidos del modelo económico actual, donde inevitablemente el benéfico de su incorporación al desarrollo redundará en un bienestar colectivo.
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El proceso de transformación de una nación debe acompañarse de un gran ejercicio de reflexión sobre temas fundamentales en el terreno constitucional.
Las bases materiales de la sociedad requieren del resguardo de un sistema político confiable que garantice condiciones de igualdad para la sociedad y de no ocurrir así, nada ni nadie puede garantizar que la nación vaya a mantenerse en armonía con el concierto de naciones que buscan el crecimiento económico y el desarrollo social.
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