La llamada 4T y la gestión social de los proyectos de infraestructura energética

Dimensionar esta problemática es indispensable y parte de ello implica ir más allá de ambas posturas y reconocer, primero, que ninguna de las partes se beneficia de tener gasoductos sin operar y, segundo, que el tema es mucho más complejo y estratégico de lo que se piensa.

El retraso en la construcción/operación de los gasoductos -situación que llevó a las empresas a invocar la cláusula de caso fortuito y fuerza mayor y por la cual la CFE ha desembolsado cientos de millones de dólares- demuestra que es imprescindible poner atención a uno de los grandes pendientes de la reforma energética que la administración anterior impulsó y que, de no corregir el rumbo, podría darle varios dolores de cabeza a la llamada 4T: la gestión social de los proyectos de infraestructura energética.

El ciclo de vida de un proyecto de infraestructura energética -ya sea un gasoducto, planta de ciclo combinado o parque eólico, así como el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos en tierra- frecuentemente trae consigo afectaciones al entorno social y ambiental inmediato, lo que al mismo tiempo puede resultar en conflictos sociales.

El grado de oposición a nivel local que los proyectos energéticos han enfrentado recientemente en México, siendo los gasoductos solo un ejemplo, revela que tanto gobierno como empresas involucradas han subestimado la necesidad de establecer prácticas más efectivas de cooperación con las comunidades afectadas, incluyendo grupos indígenas, colectivos dedicados a determinada actividad económica y movimientos sociales.

A la luz de la reforma energética del 2013-2014, se reconocía que el andamiaje de la gestión social de los proyectos de infraestructura sería insuficiente ante el número de proyectos que se esperaba, y que por lo tanto se requería legislar en ese sentido.

El nuevo marco regulatorio establecido desde el 2014 contempla –en un puñado de artículos y de manera escueta- que se lleve a cabo un estudio de impacto social previo al otorgamiento de una asignación o contrato (exploración y producción de hidrocarburos), procedimientos de consulta necesarios para tomar en cuenta los intereses y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como una evaluación de impacto social (EVIS).

En un país tan complejo y diverso como México, es evidente que estos preceptos debían ir acompañados de lineamientos claros, pero ello no fue prioridad para la administración de Peña Nieto. Las disposiciones administrativas de carácter general sobre la evaluación de impacto social en el sector energético se publicaron hasta el 1 de junio del 2018, casi 4 años después de las leyes secundarias de la reforma energética; y además, la Ley de Consulta Previa nunca se materializó.

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Esto dejó un vacío que provocó que la gestión social de los proyectos fuese interpretada bajo distintos parámetros por distintos actores.

De modo que la expansión de la red de gasoductos que promovió la administración anterior se dio en un contexto donde la gestión social de los proyectos fue deficiente -así lo demuestran los cinco gasoductos que actualmente están detenidos por enfrentar la oposición de las comunidades locales.

No obstante, es preciso distinguir que la gestión social de los proyectos de infraestructura implica una responsabilidad compartida, por lo que no solamente se debe poner atención al papel del gobierno y la CFE, también es ineludible examinar el actuar de las empresas y cuestionar si ello ha contribuido a la existencia de conflictos sociales.

Esto último posiblemente sea parte de la negociación entre la CFE y las empresas.

Por otro lado, la llamada 4T no puede continuar ignorando la realidad en la que se encuentra la gestión social de los proyectos de infraestructura. De hacerlo, el riesgo de que proyectos de toda índole, desde energéticos hasta el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, y el corredor interoceánico entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, puedan enfrentar cierto grado de oposición social continuara latente.

El conflicto de los gasoductos, por ejemplo, no solo revela las deficiencias de la gestión social, también tiene implicaciones en materia de seguridad energética, productividad industrial, etcétera. El punto es que los conflictos sociales en relación a proyectos productivos pueden complicar la gestión del presidente López Obrador en cuanto a alcanzar ciertos objetivos sociales y económicos, y ello al final del día no es benéfico en términos generales.

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Es fundamental que la llamada 4T tenga la capacidad de establecer mecanismos más asertivos de cooperación que coadyuven a que las negociaciones entre actores locales, empresa y gobierno conduzcan a acuerdos justos y se desactive y/o mitigue la amenaza de los conflictos sociales.

Esto, sin olvidar que las empresas también tienen tarea por hacer en cuanto a compartir beneficios y ser mejores vecinos en los territorios donde operan.

Nota del editor: Adrián Duhalt es Investigador posdoctoral en temas de energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice y profesor adjunto en la Universidad de las Américas Puebla. Ivonne Cruz, Puentes Consortium, Universidad de Rice. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.

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