En México, la herencia del modelo neoliberal (y de su “la mejor política industrial es la que no existe”) es una economía que tiene severas restricciones para crecer más de 2%. De hecho, en 2019 el PIB no aumentará.
La solución a ello, como lo era para la URSS en la década de los años 80, es implementar una ambiciosa política industrial integral guiada por los preceptos de la Cuarta Revolución Industrial y de los modelos de Estado Desarrollador aplicados en el Este de Asia.
Implementar estrategias que no tengan al crecimiento económico como objetivo y a la industrialización como mecanismo atentará contra la llamada cuarta transformación del presidente López Obrador.
La razón se encuentra no solo en la precariedad que se vive en la mayor parte del sistema productivo (informalidad, bajo valor agregado y escasa innovación tecnológica), la restricción también pende sobre las finanzas públicas.
Como es ampliamente conocido, el costo financiero y el pago de pensiones absorben el 28% del gasto público total. Para el 2020 se están presupuestando 733,000 millones de pesos para el primer rubro y 965,000 millones para el segundo.
Para los siguientes años, ambos componentes del gasto no harán otra cosa sino aumentar y ocupar cada vez más recursos financieros. Para el 2024 se va a requerir otro billón de pesos para cubrir esas necesidades y con ello representarán la tercera parte del gasto total.
Dicha situación limitará el presupuesto que se pueda destinar a rubros estratégicos para el desarrollo económico de México: inversión, educación, salud y seguridad.