Con respecto a los CEL, la LTE estableció la creación de un mercado de obligaciones de energía limpia, en el cual los certificados se intercambiarían entre los suministradores, los usuarios calificados con cierta escala de consumo, los usuarios finales que generaran su propia electricidad, y los usuarios con contratos de compra de energía bajo esquemas legados, anteriores a la RE.
A todos ellos se les asignó una cuota mínima de generación o consumo de electricidad limpia, que aumentaría progresivamente, y que podrían cumplir al adquirir CEL de quienes la produjeran, incluyendo tanto a empresas privadas como a la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE); en ambos casos siempre que la energía proviniera de plantas que hubieran empezado a operar a partir de agosto de 2014.
El sentido de la LTE era claro. Se trataba de promover la instalación de nueva capacidad de generación de electricidad a partir de fuentes limpias, en especial de renovables, y que se incentivara la generación eléctrica más costoefectiva. En el mercado en el que se comercian, cada CEL equivale a un megawatt/hora producido por fuentes limpias, que una vez intercambiado en una transacción de tipo comercial, o acreditado por alguno de los entes obligados, se liquida como cualquier otro bien que se produce, se intercambia y se consume.
Es fundamental para los propósitos de la LTE el hecho de que el producto al que nos referimos, un CEL, sólo pueda provenir de plantas de generación eléctrica nuevas, en operaciones a partir de la RE, y que los obligados a adquirirlo tengan una demanda creciente, con lo cual se lograría incentivar la inversión en nueva capacidad de generación, y por ende el cumplimiento de las metas nacionales de penetración de energía limpia y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
