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Nuestras Historias

Otro golpe a la transición hacia una economía verde e incluyente

Nada aleja más a los inversionistas que la percepción de riesgos, ya sea por inestabilidad política o por falta de certeza legal, opina Andrés flores Montalvo.
mié 06 noviembre 2019 12:29 PM
Energía limpia - energía verde - ley de transición energética
La Ley de Transición Energética estableció la creación de un mercado de obligaciones de energía limpia, señala Andrés Flores Montalvo.

(Expansión) – La última pieza de la Reforma Energética (RE), la Ley de Transición Energética (LTE), fue colocada a pesar de mucha resistencia tanto del sector público como del privado, y gracias al empuje de diversos actores de la sociedad civil y de organizaciones ambientalistas.

Lo que generó las mayores diferencias en su momento, fue precisamente lo que le dio el mayor valor a este instrumento: por una parte que con la reforma se promoviera la diversificación de la matriz de generación eléctrica, al definir una meta cuantitativa de penetración de fuentes limpias en un plazo determinado (35 por ciento a 2024), y por otra que se establecieran mecanismos para incentivar que esa meta se cumpliera, como notablemente fueron los Certificados de Energías Limpias (CEL).

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Con respecto a los CEL, la LTE estableció la creación de un mercado de obligaciones de energía limpia, en el cual los certificados se intercambiarían entre los suministradores, los usuarios calificados con cierta escala de consumo, los usuarios finales que generaran su propia electricidad, y los usuarios con contratos de compra de energía bajo esquemas legados, anteriores a la RE.

A todos ellos se les asignó una cuota mínima de generación o consumo de electricidad limpia, que aumentaría progresivamente, y que podrían cumplir al adquirir CEL de quienes la produjeran, incluyendo tanto a empresas privadas como a la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE); en ambos casos siempre que la energía proviniera de plantas que hubieran empezado a operar a partir de agosto de 2014.

El sentido de la LTE era claro. Se trataba de promover la instalación de nueva capacidad de generación de electricidad a partir de fuentes limpias, en especial de renovables, y que se incentivara la generación eléctrica más costoefectiva. En el mercado en el que se comercian, cada CEL equivale a un megawatt/hora producido por fuentes limpias, que una vez intercambiado en una transacción de tipo comercial, o acreditado por alguno de los entes obligados, se liquida como cualquier otro bien que se produce, se intercambia y se consume.

Es fundamental para los propósitos de la LTE el hecho de que el producto al que nos referimos, un CEL, sólo pueda provenir de plantas de generación eléctrica nuevas, en operaciones a partir de la RE, y que los obligados a adquirirlo tengan una demanda creciente, con lo cual se lograría incentivar la inversión en nueva capacidad de generación, y por ende el cumplimiento de las metas nacionales de penetración de energía limpia y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

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En este sentido, la reciente modificación a los criterios para el otorgamiento de CEL contraviene el propósito de la propia ley, ya que ahora se le asignarán certificados a plantas viejas, de las cuales muchas son grandes hidroeléctricas o la planta nuclear de Laguna Verde (que ahora clasificarán como “limpias”), con lo cual se inundará el mercado de CEL, bajará su precio, y se perderá la utilidad de este instrumento como incentivo a la inversión en nueva generación con renovables, tanto pública como privada.

Un factor adicional para desincentivar nuevas inversiones, no menor, es la falta de certeza regulatoria. Nada aleja más a los inversionistas que la percepción de riesgos, ya sea por inestabilidad política o por falta de certeza legal.

OPINIÓN: La polémica en el periodo de recuperación de la inversión en energía limpia

En su respuesta a las decenas de cartas y notas enviadas a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), con las que se cuestionaron los cambios propuestos al esquema de asignación de CEL, la Secretaría de Energía (Sener) hizo algunas afirmaciones erróneas y muy preocupantes. Desestimaron, por ejemplo, la contribución del sector eléctrico a las emisiones de GEI, cuando representa en México la segunda mayor fuente, sólo después del transporte. Además, ignoraron los acuerdos para el combate al cambio climático firmados por México y ratificados por el Senado, reflejados en las reformas a la Ley General de Cambio Climático publicadas en 2018.

Al detener o revertir la Reforma Energética, enviando señales como la revisión o cancelación de contratos con privados, y la postergación de las subastas de energía limpia, incluso si ello obedece a propósitos muy legítimos, se está de paso eliminando la posibilidad de tener mayor competitividad en el sector, y de lograr su descarbonización a la velocidad que se requiere.

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Con la eliminación del que era uno de los pocos incentivos en el sentido correcto que teníamos vigentes, los Certificados de Energías Limpias, se dificultará la transición hacia una economía verde e incluyente, que sea no sólo acorde al combate a la crisis climática global, sino a la búsqueda de mayor desarrollo social, la generación de empleos de calidad, la lucha contra la pobreza, la competitividad e incluso la autosuficiencia energética.

Nota del editor: Andrés Flores Montalvo es director de los programas Cambio Climático y Energía del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México). Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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