En un Estado democrático, las instituciones deben ser el instrumento preferente para guiar la conducta de gobernantes y gobernados, sin importar la posición social, económica, étnica , y/o política en la que uno se encuentre.
Para un buen funcionamiento de las instituciones del Estado, a éstas se les debe permitir actuar, funcionar y en caso de no lograr salvaguardar las crisis de gobernabilidad, se deben modificar.
La decisión del expresidente Evo Morales de llamar a una nueva elección podría haber generado mecanismos para permitir una resolución democrática, más con la asistencia de la comunidad internacional. Sin embargo, esa oportunidad nunca se dio.
Razones pudieron ser muchas. Para los críticos de quien fue presidente de Bolivia hasta hace unos días, se utilizaron las instituciones de gobierno para prorrogar el mandato del presidente y restringir a la oposición. Sin embargo, independientemente de los fines que se busquen alcanzar, medios antidemocráticos no deben ser los mecanismos para la defensa de la democracia.
Las fuerzas armadas y policiales de Bolivia actuaron por encima de la constitución al “sugerir” la salida del mandatario
De acuerdo al artículo 245 de la Constitución de Bolivia, las fuerzas armadas están para “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”. Más aún, en su artículo 246 se señala que estas son obedientes, no deliberan y no realizan acción política.
A futuro, en el caso particular de Bolivia, algunas de las acciones de gobierno de la administración de Morales le sobrevivirán, por ejemplo, el haber garantizado los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución. Carlos Mesa seguramente será el próximo presidente, después de que se convoquen nuevas elecciones . El vacío de poder podría tener consecuencias significativas en el de por sí bajo crecimiento económico de ese país.
Morales probablemente se aferró al poder de una manera que no fue aceptada por la comunidad a nivel nacional e internacional, y ese fue su error. Hay casos evidentes, menos incómodos, en lo que esto se ha realizado sin inconveniente- Angela Merkel- o incluso sin el voto de la gente -Boris Johnson-. Morales retendrá suficientes seguidores para ser una figura política constante en su país, pero es poco probable que vuelva a ocupar el cargo de presidente.
Para América Latina, el problema de fondo no es si la salida de Evo Morales constituye o no un golpe de Estado. El problema real y el precedente que se genera es el uso del poder político por parte de las fuerzas armadas, por grupos que por cualquier medio menos uno democrático, han derrocado a un presidente. Una de las más grandes conquistas en las transiciones hacia la democracia en América Latina fue el retorno de los gobiernos civiles. Los militares en las calles han demostrado, de menos, una falta de autocontrol o contención. Es poco el entendimiento entre civiles y las fuerzas armadas, por decirlo de una forma suave. Lo mismo en Chile a finales de octubre de este año , que en la llamada guerra contra el narco en México en 2006.
El insistir que lo acontecido en Bolivia no fue, de menos, un proceso nada democrático para destituir a un presidente, similar o equivalente a un golpe de Estado, deja una puerta abierta para que las fuerzas armadas puedan deponer a cualquier gobierno cuando sientan que éste ha perdido legitimidad.
Sin importar lo que se piense de Morales, de sus políticas en el gobierno, o de las decisiones del Tribunal Supremo para que pudiera re-elegirse, los procesos no democráticos para hacerse del control gubernamental no pueden conducir a un régimen verdaderamente democrático. Las formas democráticas de gobierno deben prevalecer, pero al menos es necesario que todos nos preguntemos ¿A qué costo?
Nota del editor: Fernanda Vidal Correa es Profesora Investigadora de la Universidad Panamericana, Campus México. Doctora en Ciencia Política de la University of Sheffield. Maestra en Metodologías de Investigación Científica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Es miembro de la Politics Studies Association así como de la International Political Science Association, de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, de Midwest Political Science Association, de la Southern Political Science Association y de la Latin American Studies Association. Miembro adjunto del Alto Panel de Naciones Unidas para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
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