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Retos y oportunidades del Acuerdo Nacional en Infraestructura

La ejecución de cada proyecto seguirá enfrentando varios retos que, de superarse, podrán representar el motor de la economía, opina Roberto Ballinez.
jue 12 diciembre 2019 12:28 PM
Infraestructura
El reto ahora es, aprovechando el compromiso entre el sector privado y el Gobierno Federal, concluir la mayor cantidad de proyectos que se han puesto sobre la mesa en tiempo y forma, considera Roberto Ballinez.

(Expansión) – La presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado es una señal positiva que abona a la confianza del mercado en aras de promover el crecimiento económico a partir de 2020.

Su anuncio alivia, parcialmente, el escepticismo de gran parte de la población sobre la estrategia gubernamental para revertir el débil desempeño de la economía nacional. La lógica de este anuncio es, por decir lo menos, intuitiva: el nivel de inversión requerido en infraestructura, demandada por la propia actividad económica, es superior a los recursos disponibles del gobierno federal.

Incluso en aquellos proyectos que inicialmente se fondearían con recursos públicos, el discurso ha cambiado. Pensemos en el Tren Interurbano México–Toluca o en el Tren Maya.

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Pese al apoyo y voluntad mostrada por los empresarios en torno al Presidente de la República, la ejecución de cada proyecto seguirá enfrentando varios retos que, de superarse, podrán representar el motor de la economía. Si bien un buen número de los primeros 147 proyectos anunciados (alrededor de 45), están relacionados con ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes (algunos suspendidos por temas burocráticos), el resto en principio son legal, financiera, social y ambientalmente viables, de acuerdo con el sector privado.

OPINIÓN: Acuerdo en infraestructura, una buena señal a los mercados financieros

Sin duda, la inversión proyectada de 431.3 mil millones de pesos durante 2020, asignada a 72 proyectos, generará un efecto multiplicador sobre la economía y con ello se podría detener la inercia negativa en el crecimiento. Sin embargo, esta cifra representaría apenas el 1.6% del PIB, el cual sumado al monto de inversión pública de 1.5% (según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020), no alcanzaría el 5.0% deseado. Recordemos asimismo que los 859,000 millones de pesos anunciados no van a ser invertidos en un año, sino a partir de 2020 y hasta 2024.

México entraría en un ciclo virtuoso de crecimiento económico si el nivel de inversión (pública y privada) aumenta. Esta variable tiene además la gran virtud de ser, en términos generales, un elemento interno de política económica; es decir, emprender una política de inversión en infraestructura se define por las necesidades propias del país y estaría en nuestras manos llevarla a buen puerto.

En este sentido, no debemos ni podemos seguir dependiendo de los beneficios mediáticos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a través del efecto sustitución de mercancías; ni de la aprobación del T-MEC.

LEE: El Plan Nacional de Infraestructura puede quedarse solo "en buenas intenciones"

El escenario económico en el cual se presentó el acuerdo propicia la viabilidad de los proyectos de inversión, principalmente, por tres factores: la liquidez del sector bancario (según declaraciones del presidente de la ABM), los niveles de tasa interés y el control de la inflación.

Bajo estos supuestos, el impacto de la inversión en infraestructura se vería reflejado, en el mediano y largo plazo, en industrias como la del cemento y el acero. El sector de transporte se reactivaría y con ello un aumento en el empleo formal. Fomentaría la competitividad y la conectividad interna y externa del país, reduciría costos de operación, mejoraría la eficiencia logística e integraría las cadenas de producción.

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No obstante, para asegurar la ejecución de este acuerdo, es necesario detenerse y aceptar que se deben atender los siguientes elementos: 1) Estado de derecho: los empresarios necesitan claridad y certeza jurídica a la hora de que el gobierno defina los esquemas de participación en cada proyecto; 2) Inseguridad pública: el crimen organizado y delitos como la extorsión desincentiva los proyectos de inversión en determinadas regiones del país y 3) Temas sociales y ambientales: se deben agilizar las autorizaciones o dictámenes en donde están involucradas dependencia federales como Segob, Semarnat, Conagua, etc. Es de dominio público que muchas obras se han detenido por normatividad ambiental, por temas de liberación de derechos vía o por conflictos sociales.

El anuncio también nos ayuda a reconocer y aceptar que el crecimiento casi nulo de la economía nacional, en el primer año de la administración de Lopez Obrador, se debe en gran medida a factores internos: poca claridad en la estrategia de inversión, deterioro de sectores como el de la construcción, estancamiento del consumo y el subejercicio del Gobierno Federal.

El reto ahora es, aprovechando el compromiso entre el sector privado y el Gobierno Federal, concluir la mayor cantidad de proyectos que se han puesto sobre la mesa en tiempo y forma.

Nota del editor: Roberto Ballinez es director ejecutivo senior de Finanzas Públicas e Infraestructura en HR Ratings. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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