Pese al apoyo y voluntad mostrada por los empresarios en torno al Presidente de la República, la ejecución de cada proyecto seguirá enfrentando varios retos que, de superarse, podrán representar el motor de la economía. Si bien un buen número de los primeros 147 proyectos anunciados (alrededor de 45), están relacionados con ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes (algunos suspendidos por temas burocráticos), el resto en principio son legal, financiera, social y ambientalmente viables, de acuerdo con el sector privado.
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Sin duda, la inversión proyectada de 431.3 mil millones de pesos durante 2020, asignada a 72 proyectos, generará un efecto multiplicador sobre la economía y con ello se podría detener la inercia negativa en el crecimiento. Sin embargo, esta cifra representaría apenas el 1.6% del PIB, el cual sumado al monto de inversión pública de 1.5% (según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020), no alcanzaría el 5.0% deseado. Recordemos asimismo que los 859,000 millones de pesos anunciados no van a ser invertidos en un año, sino a partir de 2020 y hasta 2024.
México entraría en un ciclo virtuoso de crecimiento económico si el nivel de inversión (pública y privada) aumenta. Esta variable tiene además la gran virtud de ser, en términos generales, un elemento interno de política económica; es decir, emprender una política de inversión en infraestructura se define por las necesidades propias del país y estaría en nuestras manos llevarla a buen puerto.
En este sentido, no debemos ni podemos seguir dependiendo de los beneficios mediáticos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a través del efecto sustitución de mercancías; ni de la aprobación del T-MEC.
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El escenario económico en el cual se presentó el acuerdo propicia la viabilidad de los proyectos de inversión, principalmente, por tres factores: la liquidez del sector bancario (según declaraciones del presidente de la ABM), los niveles de tasa interés y el control de la inflación.
Bajo estos supuestos, el impacto de la inversión en infraestructura se vería reflejado, en el mediano y largo plazo, en industrias como la del cemento y el acero. El sector de transporte se reactivaría y con ello un aumento en el empleo formal. Fomentaría la competitividad y la conectividad interna y externa del país, reduciría costos de operación, mejoraría la eficiencia logística e integraría las cadenas de producción.
