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Acuerdo Nacional de Infraestructura: semántica y significados

Lo que hace falta es transformar la verba en 'facta', que el compromiso se materialice y con ello se revierta en los hechos el estancamiento prolongado o la recesión en ciernes, opina Jesús Hernández.
mié 27 noviembre 2019 11:00 AM
Infraestructura
Más allá de la suma de estos esfuerzos por casi 42,951 mdd, lo que resulta relevante es la “voluntad gubernamental” para respetar la realización de estas obras, considera Jesús Hernández.

(Expansión) – La semántica importa, las formas y los tiempos también. El anuncio del Acuerdo Nacional de inversión en Infraestructura del Sector Privado, presentado ayer por la mañana nos brindó una escena ya conocida: empresarios mostrando su apoyo en torno al presidente de la República justo después de los cuestionamientos a la labor del gobierno en el crecimiento económico (cancelación del aeropuerto, la volatilidad cambiaria, la baja de calidad crediticia por parte de las calificadoras).

El anuncio, sí preparado y discutido por meses, se materializa oportunamente unas horas después de la revelación del Inegi sobre el nulo crecimiento y una recesión técnica “irrelevante” (Carlos Slim dixit).

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Lo que la gran mayoría de los medios y analistas tomaron como el lanzamiento de un “Plan Nacional” de infraestructura no es tal. Hasta ahora, la única señal formal de un Plan Nacional se presentó en enero de este año con el Programa Nacional de Infraestructura carretera, y acaso con los megaproyectos de Tren Maya, Transístmico y la refinería de Dos Bocas, mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y siguen quedando pendientes los paquetes de licitaciones, concesiones y nuevos proyectos que el gobierno detonará como eje rector del desarrollo económico para los siguientes años.

De inicio la palabra “acuerdo” deja muy claro que se trata sólo de una expresión de voluntad unilateral, acaso de un compromiso, por realizar inversiones sin duda importantes y revitalizadoras para la economía nacional, pero en las que el Gobierno poco tendrá que ver, salvo el rol de facilitador de la realización de las obras. Se trata de un primer compilado de 147 proyectos legal y financieramente viables, de un total de 1,600 presentados por el gobierno, a los que la iniciativa privada les dio el aval de factibilidad de inversión.

En su mayoría son ampliaciones, mejoras o modificaciones a concesiones ya otorgadas (ampliación de carriles en carreteras, nuevas terminales portuarias, continuación de obras como el Tren México-Toluca) o bien proyectos que no requieren más allá de un permiso gubernamental para su realización, como en el caso de los proyectos de turismo (hoteles, marinas, resorts, ampliación de oferta de habitaciones, etc.), es decir, inversiones que el propio crecimiento de la actividad económica privada demanda por sí misma.

Más allá de la suma de estos esfuerzos por casi 42,951 millones de dólares, lo que resulta relevante –aunque no debería ser extraordinario– es la “voluntad gubernamental” para respetar la realización de estas obras. Como bien lo matizó Antonio Del Valle Perochena, “para asegurar las inversiones se requiere de un Estado de Derecho que dé certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros; reglas claras y acuerdos como este (que) generan certidumbre. Un Estado que promueve y cuida la inversión privada es un Estado que se preocupa por el bienestar de su población”.

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Tampoco debería ser extraordinario que la iniciativa privada pueda sugerir nuevos proyectos de infraestructura para el futuro. Habrá que recordar que el andamiaje legal para presentar Propuestas No Solicitadas o bien para participar en Asociaciones Público Privadas ya existe desde hace más de un sexenio.

No se trata de políticas neoliberales o de convenios de mafias de poder para privatizar la infraestructura, sino de una lógica simple y llana: A escala global, la necesidad de inversión en infraestructura es muy superior a las posibilidades económicas de cualquier gobierno, más aún en esta era de comunicación digital en la que la infraestructura existente deberá ser renovada casi por completo, con inversiones por más de 57 billones de dólares (millones de millones) antes de 2030, para generar datos y conectividad que las actividades económicas y sociales van a requerir para su funcionamiento.

Sin duda este “acuerdo” es una buena noticia, no por el espaldarazo al presidente en sí, sino por la movilidad económica que provocarán los 431,318 millones de pesos que se ejercerán en 2020, un año con pronóstico de marcada desaceleración global.

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También lo es por la señal de confianza en la estructura empresarial que busca oportunidades de generación de riqueza más allá de las limitaciones de las políticas públicas y más aun por exigir sin confrontación el cumplimiento de las reglas del juego al gobierno, ese mensaje puede ser más fuerte hacia los inversores extranjeros, al mostrar que pueden hallar fórmulas de interlocución para solucionar las trabas internas, y por ende pueden ser socios de negocio con los cuales contar para integrar cadenas de producción globales.

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Lo que hace falta por ahora es transformar la verba en facta, que el compromiso se materialice y con ello se revierta en los hechos el estancamiento prolongado o la recesión en ciernes. Si eso ocurre, como país podremos aspirar a que se materialice la generación de riqueza que hace falta para equilibrar el ingreso y las oportunidades para la población.

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Todavía tendremos que esperar a que el gobierno presente ahora sí –quizá en febrero– un verdadero Plan Nacional de Infraestructura con las propuestas de proyectos que generen oportunidades y riqueza, con sólidas estructuras de financiamiento, que inviten a la inversión y no a dilapidar recursos por endeudamiento o comprometiendo el ahorro de los trabajadores. Ese capítulo apenas está por venir.

Nota del editor: Jesús H. Hernández es editor general de Industrias de Grupo Expansión. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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