Lo que la gran mayoría de los medios y analistas tomaron como el lanzamiento de un “Plan Nacional” de infraestructura no es tal. Hasta ahora, la única señal formal de un Plan Nacional se presentó en enero de este año con el Programa Nacional de Infraestructura carretera, y acaso con los megaproyectos de Tren Maya, Transístmico y la refinería de Dos Bocas, mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y siguen quedando pendientes los paquetes de licitaciones, concesiones y nuevos proyectos que el gobierno detonará como eje rector del desarrollo económico para los siguientes años.
De inicio la palabra “acuerdo” deja muy claro que se trata sólo de una expresión de voluntad unilateral, acaso de un compromiso, por realizar inversiones sin duda importantes y revitalizadoras para la economía nacional, pero en las que el Gobierno poco tendrá que ver, salvo el rol de facilitador de la realización de las obras. Se trata de un primer compilado de 147 proyectos legal y financieramente viables, de un total de 1,600 presentados por el gobierno, a los que la iniciativa privada les dio el aval de factibilidad de inversión.
En su mayoría son ampliaciones, mejoras o modificaciones a concesiones ya otorgadas (ampliación de carriles en carreteras, nuevas terminales portuarias, continuación de obras como el Tren México-Toluca) o bien proyectos que no requieren más allá de un permiso gubernamental para su realización, como en el caso de los proyectos de turismo (hoteles, marinas, resorts, ampliación de oferta de habitaciones, etc.), es decir, inversiones que el propio crecimiento de la actividad económica privada demanda por sí misma.
Más allá de la suma de estos esfuerzos por casi 42,951 millones de dólares, lo que resulta relevante –aunque no debería ser extraordinario– es la “voluntad gubernamental” para respetar la realización de estas obras. Como bien lo matizó Antonio Del Valle Perochena, “para asegurar las inversiones se requiere de un Estado de Derecho que dé certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros; reglas claras y acuerdos como este (que) generan certidumbre. Un Estado que promueve y cuida la inversión privada es un Estado que se preocupa por el bienestar de su población”.
