Una buena noticia respecto a la segunda idea es que en diciembre del año pasado, el Senado aprobó una reforma constitucional para reconocer el derecho de los ciudadanos a moverse de forma segura, en condiciones de equidad, igualdad y accesibilidad para todos. Este es el primer paso para contar con una ley general de seguridad vial, la cual ha sido impulsada por especialistas y organizaciones civiles con el fin de adoptar las mejores prácticas para reducir accidentes viales.
A pesar de que la ley está en proceso de elaboración, se sabe que abordará el problema desde una perspectiva integral, basada en las directrices que marca la Organización Mundial de Salud, y que considerará temas como el diseño de vialidades, gestión de tránsito, capacitación para conductores, controles y mecanismos de evaluación. Estos lineamientos servirán para que los estados y municipios adapten la normatividad local, como las leyes de movilidad y reglamentos de tránsito.
Aún queda un gran camino por recorrer. Se espera que durante este periodo legislativo, que arrancó el primero de febrero, la Cámara de Diputados ratifique esta reforma. Asimismo, deberá ser aprobada en al menos 17 de los 32 congresos locales. Con ello, se podrá presentar y votar la iniciativa de ley.
Mejorar la seguridad vial en todo el territorio nacional es fundamental en términos de salud pública, bienestar, medio ambiente y economía. Ojalá que los legisladores involucrados estén conscientes de ello y aceleren el proceso relacionado con esta ley, la cual representa un rayo de esperanza para construir ciudades más incluyentes y competitivas.
Nota del editor: Fátima Masse es coordinadora de proyectos del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse
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