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Es el momento de actuar

Ante la inminente crisis económica hay políticas públicas que puede aplicar el gobierno para mitigar su impacto sobre empresas y familias. La respuesta por ahora es insuficiente.
lun 06 abril 2020 07:00 PM
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(Expansión) – Cientos de miles de empresas, profesionistas autónomos, empleados a punto de perder su empleo e informales sin clientes empiezan a pensar en cómo vivir con menos o ningún ingreso a partir de esta semana. Cada día que pase serán más. La pandemia global del coronavirus Covid-19 provocará un parón económico equivalente a las grandes crisis de la historia de México.

La respuesta del gobierno ha sido defender su Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el presupuesto con ligeros ajustes. Así lo manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso del 5 de abril. El tiempo, un bien escaso en estos momentos, demostrará que esto es insuficiente. El consenso de los analistas espera una caída del Producto Interno Bruto del 4% en 2020. Los economistas de JP Morgan lo estiman en 8%.

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Pero la crisis de salud viene acompañada de un desplome económico sin precedentes que requiere de acciones enérgicas. En primer lugar, de certidumbre de que el gobierno está dispuesto a lanzar una iniciativa de política fiscal agresiva para mantener el consumo. Los apoyos sociales que lanzó esta administración para paliar la desigualdad no son suficientes para frenar una crisis que en Estados Unidos ha provocado registros récord en desempleo en las últimas semanas.

México debe lanzar un plan de infraestructura que tenga un componente de inversión pública de alto impacto. Debe ir acompañada de inversión privada, y para ello será necesario despejar algunas de las incertidumbres que aún pesan sobre algunos sectores.

El gobierno no tiene por qué renunciar al proyecto que presentó a sus votantes; debe ofrecer garantías y Estado de derecho a los inversionistas si es que quiere que lleguen recursos a sectores como el energético. Cuando Estados Unidos presenta un proyecto de 2 billones (millones de millones) de dólares, podemos entender que la situación no es menor.

En segundo lugar es necesario garantizar liquidez a las empresas y a las familias para evitar despidos masivos e impagos. El admirable programa de diferimiento de pagos de la banca, permitido por la agilidad con que respondieron los reguladores del sector financiero para hacerlo posible, muestra un ejemplo de lo que hace falta.

El gobierno cuenta con varios instrumentos para lograr un efecto parecido para estos meses de inactividad económica en los que la falta de ingresos hace muy difícil mantener la nómina: el diferimiento de las declaraciones de impuestos y la suspensión de las contribuciones al Seguro Social. Así lo han hecho otros países, desde Argentina a Estados Unidos, ante el hecho innegable de que la muerte de una empresa o la quiebra de una familia es difícil de revertir.

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México cuenta además con una banca de desarrollo con unos índices de capitalización que le permiten salir al quite en momentos como este. Es imperativo que Nafin ofrezca un programa de garantías para que las pequeñas y medianas empresas accedan a créditos blandos –es decir, con tasa lo más cercana a cero posible y con moratoria para los primeros meses– condicionados, obviamente, a que cumplan con algunos principios.

Por ejemplo, puede abrirse a las empresas no formalizadas ante Hacienda a cambio de que entren a la formalidad. Ante los ingresos ínfimos que registran el sector turístico, restaurantero, automotriz o comerciales no digitalizadas, estas líneas de crédito pueden suponer una vía de supervivencia.

Junto con un plan de apoyo fiscal y un proyecto de liquidez a familias y empresas es necesario revisar el listado de actividades esenciales para alinearlo al de los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de que no se rompan las cadenas productivas, especialmente en el sector manufacturero. Esto es un punto de altísima relevancia a meses de que entre en vigor el TMEC y para no golpear a la economía por el lado de la oferta de manera innecesaria.

Finalmente, es importante que, ante la desinformación, el presidente dé un respaldo a la gestión técnica y oportuna de cara a los mercados que se está haciendo desde la Secretaría de Hacienda.

¿Cómo se paga?

El fortalecimiento del sector salud y las propuestas que se presentan para reactivar la economía de México no son muy diferentes a las que han hecho economías en desarrollo como la mexicana. No salen gratis y no son posibles manteniendo el superávit primario que propuso el gobierno en el Presupuesto.

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Franklin D. Roosvelt, citado por López Obredor en su discurso del 5 de abril, defendió las políticas anticíclicas y de expansión de la inversión pública y el gasto para hacer frente a los rigores de la Gran Depresión. No es momento de austeridad ni de apretar el cinturón. El Estado surge para defender a los ciudadanos ante circunstancias como esta crisis.

La crisis del Covid-19 es una buena ocasión para reflexionar sobre si valdría la pena a qué proyectos del PND dar prioridad presupuestaria en 2020 en un momento en que urge levantar la red de hospitales y la adquisición de material médico. Será necesario evaluar a qué inyectar dinero. También será necesario revisar la posición gubernamental de no incrementar la deuda, siempre que se haga con fines de inversión y no de incrementar el gasto corriente.

Nada de esto será viable sin un mensaje de confianza y certidumbre a los mercados sobre la visión de México como lugar abierto a la inversión y el Estado de derecho. Un Estado de derecho social, donde hay políticas para paliar la desigualdad y crear oportunidades para todos, pero donde se dan condiciones para que el inversionista tenga seguridad para su inversión. Solo así, con una visión que integre a los que nada tienen, pero también a los empresarios de todos los tamaños y especialmente a los medianos y pequeños, que generan la mayor parte del empleo de México, saldremos de una crisis de la que apenas conocemos la línea de salida.

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