(Expansión) – La distribución de la riqueza es un tema muy amplio cuya limitante se encuentra más en la solución que en su medición.
Cuando se entiende al sistema económico, a los orígenes de la concentración de la riqueza y su distribución, la solución puede estar al alcance del conocimiento público. Pero, esto no implica que dicha solución sea ejecutable.
En México puede mirarse a la desigualdad social como un problema entre particulares que se perpetúa en el tiempo por la influencia que ejerce el poder privado sobre la política, sobre las leyes y sobre los gobernantes.
En nuestro país los gobiernos en turno no gobiernan. Por simple lógica de diseño es poco creíble que una administración sexenal tenga el timón económico del barco, más aún, si la riqueza tiene un origen privado. Si bien, el gobierno en turno administra el presupuesto sexenal no detenta el grueso del poder económico del país.
Partiendo de esta base ¿es realmente el gobierno el encargado de resolver un problema económico privado? ¿Tiene las herramientas y el poder para resolverlo?
Si hoy en día se sabe tanto sobre la concentración de la riqueza, ¿por qué el país sigue perpetuamente hundido en tan bajos niveles de bienestar? ¿De qué sirve tener mejores y mayores mediciones de la desigualdad si de todas formas la solución no es ejecutable?
La respuesta es que los recursos económicos del Estado actuales (y futuros) son muy limitados para aliviar un problema privado; además, el impacto redistributivo de las políticas públicas es bajo.
En la economía solo existen tres maneras de distribuir el ingreso, dos de las cuales son fuentes primarias, privadas y potentes en magnitud, mientras que la tercera es pública, redistributiva y de bajo impacto.
La primera es la política monetaria cuando utiliza al crédito privado como expansor natural de la actividad económica y de la base monetaria, con la generación de dinero nuevo.
La segunda fuente de distribución del ingreso es el salario, el sueldo o cualquier concepto análogo. El salario también tiene un problema de diseño perenne, ya que éste es un precio-costo de producción, y como sabemos por definición económica, todo costo se minimiza.
La tercera fuente redistributiva y de menor alcance es la política fiscal, particularmente, la de transferencias monetarias directas o mediante la provisión de servicios públicos con un enfoque supuestamente redistributivo.
Entonces, si la riqueza tiene un origen privado, ¿cómo puede el Estado garantizar su adecuada distribución sin violar derechos? ¿Cómo podría, por ejemplo, instaurar un Estado de Bienestar o un ingreso universal con un esquema fiscal tan débil?
Tal vez, ¿mediante impuestos a las grandes riquezas?
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En el caso mexicano es muy complicado hacer esto por la manera en la cual están tejidos los hilos del poder privado y de las grandes fortunas. Es una pérdida de tiempo.
Para que un Estado pueda distribuir y redistribuir el ingreso, primero debe permitir a los privados invertir y crecer.
Después, establecer nuevas reglas del juego que incentiven más el crecimiento pero que redistribuyan las fuentes originales de la distribución del ingreso, que son, el crédito y el salario.
Todo el problema radica en una super concentración del dinero, y por ello, hay que desincentivarla.
Las fuentes de la concentración del ingreso son barreras artificialmente creadas y perpetuadas a través del poder económico, de los sistemas políticos y de algunas leyes (o por la falta de ellas).
Por ejemplo, el crédito bancario tiene asimetrías, exclusividades y clientelas propias de las empresas privadas, que promueven mayor exclusividad en el tiempo. Si un gran segmento de la población del país no tiene acceso al crédito bancario, jamás formará parte del círculo virtuoso de la expansión monetaria.
En términos del salario, la mayoría de la población asalariada de nuestro país vive a la sombra del salario mínimo, que está anclado artificialmente en un nivel bajo con el uso de un precio mínimo, que, por cierto, está mal implementado.
El Inegi ya cuenta con una medición sobre la concentración de la riqueza privada en su sistema de cuentas nacionales. Esta métrica se denomina “beneficios corporativos”. Si uno mira este indicador en el tiempo, efectivamente se está agrandando con respecto a los salarios.
Una fuente adicional de concentración de la riqueza son los monopolios rentistas y sus impactos en la distribución de rentas.
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En México sí hay monopolios, sin embargo, no hay evidencia generalizada de que existan sobreprecios en todos los productos y servicios. Existen sectores donde la falta de competidores incide en mayores precios; un buen ejemplo es precisamente la industria del dinero.
Dado que en nuestro país el ingreso es bajo los precios de productos y servicios no pueden ser altos. En lugar de ello, existe discriminación de precios y sobre esto si hay evidencia.
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Finalmente, la solución no puede ser de política fiscal si la magnitud del problema de desigualdad parte de relaciones entre privados donde existen asimetrías añejas.
La solución al problema de desigualdad implica rehacer las reglas del juego en los sectores monetario y salarial. Solo así podrán encontrarse niveles de “bienestar” similares a los de otros países.
Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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