La receta para dejar de ser un país enfermo

El lobbying ha tenido sus claroscuros. La Canacintra, el CCE, Funsalud, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, formaron parte de la primera reunión del Consejo de Salubridad General (CSG). Tenían voz, pero sus propuestas no eran tomadas en cuenta. Para las siguientes reuniones solo fueron convocados para informarles qué decisiones se habían tomado o, de plano, ya no fueron invitados.

Hasta la fecha, no gozan de una interlocución plena con la Secretaría de Salud y han optado por abrir conversaciones directas con José Ignacio Santos Preciado (secretario del CSG), Zoé Robledo (director del IMSS) y Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores).

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Opinión

Manteniendo la cordura durante el COVID-19

Con AMLO no hay comunicación, tampoco con Jorge Alcocer. La interlocución está segmentada y con eso ha sido posible materializar algunas acciones como el proyecto con hospitales privados y el seguro para el cuerpo médico. Nada más, aunque se esperan anunciar otros planes de colaboración con laboratorios de diagnóstico, farmacias y médicos generales certificados.

Hasta ahora, varias empresas han apostado por la reconversión de sus líneas de producción y gracias a ello han podido fabricar equipo médico; el problema fue (y es) que muchas nunca habían tenido contacto con la regulación sanitaria y mucho menos con la Cofepris, y entonces el desconocimiento de unos y la incapacidad de la autoridad para atender tantas solicitudes de permisos de todo tipo han derivado en la producción de equipamiento médico sin regulaciones y permisos, y hasta en el cierre de empresas que no pudieron aguantar el tiempo que la Cofepris establece para otorgar las autorizaciones y registros.

“El sistema de salud padece de una corrupción sistémica”, acusa Arturo Cervantes, profesor de la cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Anáhuac. “No hay motivo para pensar que la corrupción ha disminuido”.

Primera conclusión: el COVID-19 no se irá, pero podría ser enfrentado de una manera más eficiente con la coordinación entre los sectores público y privado. Segunda conclusión: mientras la corrupción persista no habrá gasto que sea suficiente para mejorar el sistema de salud.

De momento, la dinámica de la pandemia está acelerando un enfoque de negocio que aún era incipiente en México: la telemedicina. Se dice que esta emergencia adelantó el cambio de negocios digitales previstos para los próximos 10 años, lo que obliga a regular la materia considerando que no es legal dar una consulta a través de la telemedicina y solo se aplica como acompañamiento a la consulta tradicional.

Además, el temor por estar en lugares concurridos inhibirá las visitas a hospitales y los usuarios preferirán acudir a pequeñas clínicas. Algunas consultoras trazan estrategias para clientes que pretenden crear redes de clínicas de primer contacto. Jugadores de buen tamaño y pequeñas farmacias trabajan para sacarle jugo a un negocio garantizado por su bajo precio, la creciente demanda y la asistencia que podría ofrecerle al sistema público para desahogar el caos que priva en sus hospitales.

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Pero hay algo mucho más trascendente: es tiempo, ya, de promover la Economía de la Salud que se traduce en mejores políticas públicas para reforzar la prevención, pero sobre todo genera una cultura en pro de una sociedad más sana, que consecuentemente beneficiaría a nuestra economía.

El círculo virtuoso es tan sencillo como lo siguiente: al generar ambientes mucho más saludables se promueven estilos de vida sanos en la sociedad, hay una mejora en la calidad de vida y más talento con capacidad de trabajar, lo que dispara la productividad que a su vez genera más inversiones, empleos y consumo. Después, las empresas reinvierten, pagan más impuestos y así hay un impacto en la salud de las personas y en el desarrollo económico que, juntos, representarían un mejoramiento real en el nivel de bienestar del país.

Para algunas mentes escépticas, este comentario es romántico y naif, pero vendrán otras emergencias y es entonces que, si queremos reducir nuestros lamentos, debemos aprender de esta pesadilla. La inversión en salud es de largo plazo, generacional, y por eso no es popular. Pero se tiene que hacer. Por el bien de todos.

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Las cuarentenas son milenarias. Las primeras manifestaciones de aislamiento se mencionan desde el Antiguo Testamento. A lo largo de la vida ha sido necesario romper los andamios sociales para evitar la propagación de un virus. Sin embargo, el COVID-19 nos puede llevar a escenarios insospechados.

De acuerdo con doctores consultados, cuando se percibe peligro, la respuesta fisiológica del cuerpo es luchar o huir. El problema es que estamos frente a una amenaza que no podemos ver y eso produce desesperación. Es decir, esta pandemia está provocando impactos incalculables en las personas por un peligroso coctel integrado por la ansiedad, la depresión y los pensamientos suicidas.

Hasta el momento, en la teoría del comportamiento no hay indicios que nos permitan saber el impacto que tendrá el confinamiento, mucho menos cuando se proyecta un rebrote del virus. Hoy ya hay un impacto por el primer gran encierro. Cuando ocurra la “nueva normalidad”, la gente saldrá de sus casas y buscará la forma de recuperar el ritmo perdido. Pero vendrá una segunda ola del COVID-19, probablemente con medidas de aislamiento, y ahí nuestro comportamiento es de pronóstico reservado.

Nota del editor: Jonathán Torres es periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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