De esta manera, el ahorro total tripartita pasará de 6.5% a 15%. La modificación permitirá a las personas con un empleo formal ahorrar más durante su vida laboral y tener más recursos en su cuenta de Afore para financiar una pensión. Como consecuencia, la tasa de reemplazo, es decir, la proporción del último salario que recibe el trabajador como pensión pasará del 35% al 58% del último salario.
Segundo, hace más fácil para las personas afiliadas al IMSS cumplir con el tiempo de cotización mínimo requerido. Hoy, el personal necesita cotizar 1,250 semanas (o cerca de 25 años) en empleos formales a lo largo de su vida laboral para tener acceso a una pensión. La iniciativa modifica este tiempo mínimo a 750 semanas (15 años aproximadamente), pero mantiene la restricción de que se deben cumplir 60 años para poder retirarse. Esto significa que bajo las nuevas reglas más gente podrá alcanzar al menos una pensión mínima garantizada de 4,345 pesos al mes (hoy esa pensión mínima es de 3,289 pesos).
Habrá que esperar a septiembre cuando la propuesta se materialice en una iniciativa presentada ante el Congreso. Sin embargo, a pesar de que estos nuevos esquemas y reglas del sistema de ahorro para el retiro resultan positivos para las y los empleados registrados en el IMSS, también tendrán efectos negativos.
Relajar los requisitos para acceder a una pensión mínima garantizada implica una mayor presión fiscal, ya que el Gobierno que tendrá que financiar buena parte de ellas. Además, al aumentar el monto que aportan las empresas a la cuenta de ahorro para el retiro de sus empleados, el trabajo formal se encarece.
Muchos empleadores no tendrán la capacidad de absorber esos costos laborales adicionales. Lo que diga la ley no necesariamente es lo que sucederá en la economía. Las empresas podrán trasladar ese costo a los trabajadores y derivar en menos contrataciones nuevas de personal o frenar posibles aumentos salariales en el futuro.
OPINIÓN: El plan de reforma al sistema de pensiones es una oportunidad histórica
Los resultados, esperados y no esperados, de lo planteado en la iniciativa serán también condicionados por lo que suceda en los siguientes dos años. La economía mexicana no se recuperará rápido de la crisis de 2020. Es posible que las empresas y el mercado laboral se encuentren aún débiles al momento de comenzar la implementación de esta reforma.
Para muchos empleadores, aumentar sus aportaciones al sistema de pensiones es una especie de aumento de impuestos y probablemente se preparen para este proceso gradual: contratarán menos en los siguientes años, partiendo de una base de más de 12 millones de desempleados, invertirán en máquinas para automatizar procesos que antes requerían mano de obra y, en la práctica, congelarán salarios.
