La función salud concentra el gasto destinado a este fin repartido en diferentes instituciones (Secretaría de Salud -donde está el INSABI-, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina), así como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y las Aportaciones a Seguridad Social. De estos rubros, solo la Secretaría de Salud (Ramo 12) se consideraría como uno de los ganadores con el tercer mayor gasto dentro de los ramos administrativos y un crecimiento real del 9.1% respecto a 2020.
De acuerdo con la Exposición de Motivos , el incremento que se le dio a la Secretaría de Salud tiene el objetivo de ofrecer servicios a quienes carecen de seguridad social, además de fortalecer los recursos físicos y humanos para seguir luchando contra la pandemia y subsanar rezagos de años anteriores. Esto incluye la regularización de trabajadores contratados como eventuales y la creación de casi 9 mil plazas dirigidas a zonas pobres más otras 10 mil para especialistas en formación.
Se debe reconocer que desde el año pasado el gasto en esta función se empieza a recuperar de una caída que inició en 2014 y tocó fondo en 2019. Si los diputados no lo modifican a la baja, para 2021 se espera que el presupuesto de la función salud sea casi 3% mayor, en términos reales, que el presupuesto aprobado para el 2020, pasando de 646 mil millones de pesos (mmdp) a 664 mmdp. Esto es una buena noticia.
Lo que no es tan buena noticia es que el gasto público en salud como porcentaje del PIB ascendería solo al 3.4%, en comparación con el 2.8% que reportó México para 2019. Esto nos mantiene como el país con menor gasto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), empatado con Turquía. Y hay que considerar que una parte del incremento en esta proporción se debe a que el PIB se está contrayendo por la crisis económica.
Por otro lado, es preocupante que parte del incremento que registró la función salud proviene del Fondo de Salud para el Bienestar. En específico se retirarán 33 mil millones de este fondo, que antes de la reforma a la Ley General de Salud, era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Preocupa porque eran recursos acumulados desde hace varios años para el tratamiento de padecimientos costosos, como cáncer o VIH-sida, y no hay evidencia de que el fin de estos recursos se mantenga. ¿Acaso esto no pone en riesgo el bienestar de esos pacientes en el largo plazo?
