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Nuestras Historias

¿Y qué ocurre con la política científica y tecnológica?

Es imperativo el asegurar que los avances de la ciencia y la tecnología alcancen a sectores rezagados como la agricultura, considera Juan Alberto González Piñón.
mié 23 septiembre 2020 07:01 PM

(Expansión) – Desde el 2019, en México se comenzó a trabajar en la construcción de una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), producto de la modificación que se dio en mayo de ese mismo año a el Artículo 3º de la constitución mexicana en su fracción V; sin embargo, al día de hoy y después de que el CONACYT, el FCCyT y la Cámara de Diputados han realizado distintos foros nacionales y regionales de discusión, hasta ahora, se desconoce el anteproyecto o proyecto que las autoridades federales presentarán para que se discuta en el Senado de la República.

A pesar de la escasa infraestructura formal del gobierno para apoyar la ciencia y la tecnología, en el país existen instituciones científicas de carácter nacional bien equipadas, que pudieran no solo promover el alto nivel de su actividad científica, sino también pudiesen atender el carácter experimental y utilitario que requiere el desarrollo tecnológico y la innovación, con una consecuente profundización en las relaciones que estas universidades y centros de investigación debiesen tener con la industria nacional.

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Dada la condición de México en este rubro, gran parte de la generación y adquisición de competencias y capacidades científicas y tecnológicas debe derivarse de la adaptación y de la copia de tecnologías y métodos originados en países más desarrollados; este esquema puede ayudar al cierre de brecha tecnológica del país, mediante la adopción y asimilación de tecnologías que resultan especialmente interesantes para atender necesidades de carácter social.

Otro elemento que no debiese de quedar fuera de la nueva propuesta de Ley General es la creación de mecanismos para el intercambio de información técnica entre organismos estatales, federales y las empresas; hasta hoy el país no ha avanzado lo suficiente en lo referente al desarrollo de tecnologías nacionales y los mejores esfuerzos en este rubro se siguen dando de manera descentralizada, desvinculada de la realidad nacional y con escaso apoyo del gobierno.

Un ejemplo de la brecha que existe entre la capacidad científica generada en el país y su impacto en la realidad nacional lo tenemos en las importaciones de tecnología, las cuales al 2017 tuvieron saldo negativo por 170.87 mil millones de dólares (mdd), lo que significó una tasa de cobertura de 0.56%; comparada con otras naciones se tiene que, en el caso de Alemania fue 1.34%, para Israel fue 4.38% y para Finlandia fue 2.15%. Esta tasa representa equilibrio comercial cuando su valor es igual a la unidad, dependencia tecnológica cuando es menor a la unidad y cuando es superior a la unidad representa un país netamente exportador de bienes de alta tecnología.

Aun sin el apoyo del gobierno en materia de ciencia y tecnología, la industria mexicana debe acercarse a la adopción y posterior desarrollo de tecnologías que no solo les lleven a la generación de aumentos de productividad, sino que también les permita agregar mayor valor a través de la incorporación de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de mejores soluciones a los retos de la sociedad y el mercado.

Este planteamiento puede verse favorecido por las grandes dimensiones del mercado nacional que, entre otras cosas, puede crear economías de gran escala en la producción y, asimismo, la existencia de redes internacionales facilitaría la comunicación entre innovadores y permitiría la difusión relativamente rápida de tecnologías y procedimientos óptimos.

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Asimismo es imperativo el asegurar que los avances de la ciencia y la tecnología alcancen a sectores rezagados como la agricultura, por ejemplo; los avances en química de suelos podrían mejorar la productividad de los agricultores mexicanos, en ello el gobierno por la vía de la asignación de apoyos específicos podría incentivar a que la investigación universitaria en agricultura se enfoque en actividades de extensión dirigidas a i) vincular la investigación con problemas prácticos y ii) difundir los resultados de la investigación académica entre potenciales usuarios.

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Esta nueva ley debiese de conducirse, junto a posteriores iniciativas legislativas, a la conformación de un sistema descentralizado de universidades y centros de investigación que busquen la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad y del sector productivo; el fin será conformar una cultura académica empresarial en la cual los programas de estudio y la investigación estuviesen más orientados a buscar elevar la competitividad de la industria nacional.

En esta nueva realidad que se aproxima, se requiere que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sea una institución capaz de coordinar la investigación científica y buscar la aplicación del conocimiento científico existente a la solución de los problemas industriales y sociales predominantes, no hay motivo para que las lecciones aprendidas durante los 50 años de su existencia no sean empleadas de manera fructífera en la actual realidad que vive nuestro país.

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Se debe reconocer que la investigación básica no solo conduce a nuevo conocimiento, sino que también representa el fondo por el cual se deben extraer las aplicaciones prácticas que dan lugar a la innovación para marcar así el ritmo del progreso tecnológico. Una de las claves es el apuntar a tecnologías y sectores especiales, así como ampliar la participación de inventores mexicanos en el desarrollo y concesión de patentes a favor de la industria nacional, con miras a incrementar la tasa de innovación del país.

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es director de Spark UP y académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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