¿Cómo surge la economía social y solidaria? Si bien las organizaciones cooperativas han estado presentes durante la historia de la humanidad, la economía social se reconoce por primera vez en 2011 en España. En el caso de México, la promulgación de la Ley de Economía Social y Solidaria en 2012 estableció las bases para facilitar el desarrollo de los sectores vulnerables con un enfoque sustentable.
Hoy en día, organismos internacionales, como la ONU y la OCDE, reconocen que la economía social debe atender necesidades sociales y ambientales; establecer organizaciones con raíces locales; y promover mecanismos democráticos en los procesos de cooperación que generen riqueza, entendida como valor social, ambiental y económico.
¿Cómo implementarla en el sector energético? Para organizarse de manera cooperativa y solidaria, la ley mexicana contempla varias figuras jurídicas e incluso las fomenta con ayuda del Instituto Nacional de Economía Social (INAES). Hoy es posible generar valor a partir de la propiedad social en los activos económicos y la autogestión del trabajo en distintos sectores de la economía. Al contar con un marco jurídico que fomenta la economía social, ¿qué opciones tenemos para implementar este modelo?
En el sector energético, la transición hacia el uso de energías renovables implica una descentralización del mercado, en la cual surgirían miles de “prosumidores” (pequeños productores y consumidores de su propia energía). Ello implica una democratización del sistema energético donde las personas serían el centro de una transición justa y consciente.
OPINIÓN: El eclipse a las energías renovables en México
Por ejemplo, la Agencia de Energía del Estado de Puebla planea promover que parte de los rendimientos de los proyectos energéticos de gran escala se dirijan a las comunidades que cohabitan el territorio de tales iniciativas. De esta manera, se podrían crear fondos sociales que tengan objetivos claros de desarrollo sustentable, como es el caso de sistemas solares de irrigación y bombeo. Como resultado, se reduciría la pobreza energética, se mitigarían riesgos de inundaciones, y se mejoraría la productividad del campo en un marco de innovación sustentable.
