(Expansión) – En alcance a la primera parte de este artículo publicada aquí en agosto pasado bajo el mismo título, “El futuro del sector eléctrico mexicano”, puedo resumir que muchos de esos racionales ahí planteados fueron confirmados con la renuncia del director general del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Alfonso Morcos.
Este hecho tiene diversas aristas y varias consecuencias; algunas indirectas, otras muy claras.
Sabíamos que el principio de “soberanía energética” es el eje rector del sexenio 2018-2024, pero lo que llama fuertemente la atención de la renuncia de Morcos, es que la autonomía le estorba al jefe del Ejecutivo, incluyendo a la que se dice Secretaria de Energía, en su visión dogmática de México.
¿Qué es el CENACE? Antes de la Reforma Energética del 2013, el CENACE era una dependencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y siempre ha tenido a su cargo el llamado despacho eléctrico, incluyendo a las plantas particulares que, bajo la ahora derogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, siguen operando bajo el esquema de Productor Independiente bajo reglas claras de operación que ya incluían eficiencia, seguridad y estabilidad.
Asimismo, pero con la Reforma Energética, se le otorgó al CENACE su autonomía dado que se dedica, además, al control del creado Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La renuncia del ingeniero Morcos y el nombramiento de una persona proveniente de CFE, busca regresar al esquema donde el CENACE sea una dirección más de CFE, y con ello sea CFE la que controle el despacho propio y de su competencia (privados), además de operar el MEM, es decir, que opere aquel mercado donde los particulares transaccionan operaciones de compra-venta de energía en condiciones de libre competencia que permite ofrecer energía más barata a los usuarios finales.
Todos estos cambios “fundados y motivados” en un memorándum.
Es verdad que el Estado tiene –siempre ha tenido– el control exclusivo del sistema eléctrico nacional a través del CENACE; pero recordemos también que son billones de dólares de inversiones y activos los que operan en el MEM, y que las plantas deben ser despachadas bajo racionales técnicos claros, lógicos, económicos y preestablecidos para poder amortizar otros tantos billones de dólares de inversiones ya comprometidas en México.
Por otro lado, eliminar la regulación de “despacho económico” (las plantas más eficientes), es un desatino nivel Echeverría, no sólo porque la energía será más cara a los usuarios finales, sino porque vulnera el respeto a los compromisos internacionales en materia de protección de inversiones, ataca el respeto a los contratos, vulnera directamente a las inversiones y fractura la credibilidad para atraer más.
Mientras quienes deben entender los aspectos financieros, legales, operativos, contables y técnicos de todo un sector no lo hagan, y se siga gobernando con ideas plasmadas en documentos ideológicos “fundados” en sus propios dogmas sexenales sin analizar el marco jurídico constitucional, México creará su caída a la peor crisis de su historia.
Sí. Harán historia con una soberana crisis defendiendo una soberanía que no se entiende.
Recordemos que la Constitución Política, que no ha sido reformada, señala en su artículo 25 que la rectoría económica del Estado debe fortalecer la soberanía de la Nación mediante la competitividad, entendiéndose ésta como “el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.
¿Dónde viene eso en el memorándum?
Cuando la ideología se impone a un bien común definido en un escritorio, deja de ser una ideología válida, para volverse una doctrina unipersonal.
En un estado de Derecho se le llama responsabilidad administrativa. Veremos qué dicen al respecto las calificadoras y los tribunales nacionales e internacionales. Elementos de defensa constitucional, incluyendo el artículo 133, están claramente en la mesa.
Mientras ahora la diplomacia mexicana se usa para hablar de rifas, los países la usan para discutir la defensa de los acuerdos de protección a las inversiones y colaboración internacional.
Veremos pronto la diferencia, y veremos cuántos capitales continuarán saliéndose a México en busca de otros países dónde crear empleos y oportunidades para ellos. Vamos bien, … dicen.
Nota del editor: Claudio Rodríguez-Galán es Socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight. Está clasificado como un “Abogado Líder en Energía”, mexicano y global, por varias publicaciones internacionales, incluyendo Global Chambers, Chambers & Partners, Legal 500 y Who’s Who Legal. Claudio tiene más de 18 años ininterrumpidos ejerciendo el Derecho Energético. Es Maestro y Candidato a Doctor en Derecho. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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