Como lo mencionaba, a pesar de que cada vez son más las que se han incorporado a la fuerza laboral en nuestro país, su participación económica continúa siendo menor. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2017), nos señalan que en 2016 la tasa de participación económica registrada para los hombres fue de un 77.6%, mientras que para ellas fue de 43.4%, lo cual queda por debajo del promedio de 52.7% en América Latina y el Caribe
Igualmente, datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres 2019) revelan que el 57.2% que trabajan lo hacen en el mercado informal, lo cual las deja a la deriva y con escasa o nula protección social.
Y, en este contexto, se presenta el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual viene a abrir oportunidades que incluyen disposiciones a favor de la equidad de género en el trabajo y contra la discriminación. Datos de la Secretaría de Economía (SE) indican que con el T-MEC, nuestro país fortalece su posición en un mercado de 492 millones de personas, un PIB de 25,9 billones de dólares y un intercambio comercial de 1,17 billones de dólares.
De esta manera, el T-MEC abre la oportunidad de discutir estrategias para reducir la brecha de género en el mercado laboral. Afortunadamente, se han incluido algunas disposiciones para la eliminación de la discriminación en el sector empresarial, no obstante, el reto aún es grande en temas de gobierno y empresas, donde es necesario realizar cambios profundos a nivel institucional.
Es importante señalar que el T-MEC no cuenta con un capítulo de equidad de género, empero, incluye de manera transversal varios apartados que buscan fortalecer la participación económica de las mujeres como los capítulos 15 sobre el comercio transfronterizo de servicios, el 25 de pequeñas y medianas empresas, así como el 26 de competitividad.
Destaca también el artículo 23, que habla sobre los derechos laborales y temas de cooperación para eliminar discriminación basada en sexo, así como en promover mejores prácticas y políticas relacionadas con maternidad, prevención de violencia, acoso en el lugar de trabajo y medidas de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal.
De esta manera, nuestro país está comprometido, sí o sí, a impulsar políticas que protejan a las trabajadoras contra la discriminación, lo cual representa un enorme desafío no solo en temas de gobierno sino en las diversas industrias que componen nuestra economía.
