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El dilema de la prisionera Robles

Desviar la atención del presente hacia el mal que dejaron los anteriores perderá efecto si no se demuestra y condena la culpabilidad, opina Antonio Michel.
vie 27 noviembre 2020 12:01 AM

(Expansión) – En teoría de juegos existe un modelo conocido como “Dilema del Prisionero”, en el que dos sospechosos son atrapados por la policía. Tienen dos opciones: confesar o negar. Si uno confiesa y el otro niega, el primero sale libre mientras que el segundo recibe una condena de 10 años. En caso de que ambos nieguen, la pena es de un año solamente, pero si confiesan, la condena es de seis años. Lo óptimo para los dos sería cooperar y negarlo, para tener la pena menor.

Sin embargo, los instintos egoístas los inclinarán a confesar, aunque este escenario sea menos favorable. La teoría ha llegado a la realidad, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha encontrado ante el dilema de sus prisioneros.

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La confesión ha sido utilizada como una de las pruebas más efectivas para acumular evidencia en un caso. ¿Cómo hacer esta opción más atractiva para los inculpados? Aumentar los incentivos de fungir como testigo hasta superar la ganancia de callar. Si bien encubrir a excolegas, amigos y cómplices puede ser un camino viable para los sospechosos, el gobierno actual ha enaltecido una herramienta que, más allá de propiciar la aplicación de la justicia, se ha convertido en un método de extorsión: el criterio de oportunidad.

Ante un acorralamiento de privación de libertades y amenazas sombrías, los supuestos criminales ven como la alternativa más conveniente vociferar lo que sus verdugos anhelan. Las declaraciones tienen como objetivo apelar a los intereses de los victimarios, por lo que no necesariamente cuenten con el sustento adecuado. Los “prisioneros” proveen información que sirva para atacar a los antecesores, sin importar su veracidad ni las repercusiones a terceros. A primera instancia, pareciera que sólo pierden los denunciados, pero en el largo plazo, acusaciones sin respaldo pierden peso y debilitan a la institución que se los dio.

#QuéPasóCon el caso de Emilio Lozoya

La saga de dilemas de este año comenzó con Emilio Lozoya. Las amenazas a su familia, las represalias directas y el recelo hacia sus compañeros de gabinete lo orillaron a armar un paquete con decenas de nombres de involucrados en escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht y Etileno XXI. Con el paso del tiempo, no se ha comprobado alguna, pero manchó la reputación de funcionarios públicos y legisladores de partidos opositores a Morena.

Emilio Zebadúa, exoficial de Sedatu y Sedesol, quien fuera de las personas más cercanas a Rosario Robles, recibió el mismo trato que su tocayo por parte de la FGR como testigo colaborador. No iba a desperdiciar esta oportunidad, aunque implicara hundir a su exjefa. Las autoridades ya lo habían vinculado con el desvío de más de 7,000 millones de pesos durante su paso por ambas secretarías, por lo que la alternativa de disminuir la condena a cambio de una traición fue más apetecible. Aprovecho para involucrar también a otros exsecretarios como Miguel Ángel Osorio y Luis Videgaray, lo cual fue rápidamente difundido en los medios, de nuevo, sin alguna documentación o prueba.

El criterio de oportunidad no era una puerta nueva para Rosario Robles. Ya se le había ofrecido desde hace tiempo, pero Robles se había negado. Conforme el pozo se profundizaba, esta soga de escape parecía brillar más para ella. En cuanto Zebadúa la acusó de ser autora de la Estafa Maestra, Robles no titubeó en responder. Sin argumentos para defenderse, su jugada más hábil era nutrir la cacería de brujas que ha emprendido el gobierno en contra del gobierno anterior.

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No obstante, la secuencia de contradicciones con su abogado respecto de cuáles exfuncionarios son los responsables, sin consideración del impacto potencial en trayectorias destacables y ajenas a estos delitos. La ausencia de sustento y la falta de veracidad en las declaraciones restan credibilidad al proceso y aportan al desgaste del criterio de oportunidad como un instrumento legítimo para combatir la corrupción. La validez de las declaraciones de Robles depende directamente de las pruebas que presente Zebadúa.

El dilema del prisionero puede evolucionar de su presentación clásica a una iterada, donde cada jugador puede castigar al otro por la no cooperación en rondas anteriores. Zebadúa sabe que, si carece de evidencia, pierde el criterio de oportunidad, mientras que Robles está consciente de lo que puede perder si se comprueba su participación en la Estafa Maestra. El valor de cada jugador depende de su confesión y la ganancia de cada jugador depende de la pérdida del otro.

Quizá los sospechosos no sean quienes más pierdan. El espectro va más allá de dos jugadores. ¿Qué gana la FGR?, ¿qué pasa con los terceros que son utilizados como chivos expiatorios? El gobierno de López Obrador debe tener cuidado con el abuso del criterio de oportunidad. La bandera que ha enarbolado desde el inicio de su gestión sobre castigar la corrupción tiene una doble cara, pues si carece de la evidencia correspondiente, los disparos se resumen en balas perdidas o atraen contraataques como aquel contra su hermano Pío en respuesta al caso Lozoya.

Desviar la atención del presente hacia el mal que dejaron los anteriores perderá efecto si no se demuestra y condena la culpabilidad. La estrategia dominante sin una ganancia clara puede redituar en una transición de la eficiencia de Pareto, donde, como efecto adverso, brilla más quien no pudo ser opacado.

Nota del editor: Antonio Michel estudió Relaciones Internacionales en el ITAM, donde es profesor, y tiene una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Maxwell. Trabajó casi 7 años en la Administración Pública Federal, en las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Energía y Gobernación. Su pasión son los asuntos internacionales, los asuntos políticos y la administración pública. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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