¡Viva la pobreza!

Hace unos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) compartió un análisis alrededor de los efectos de la pandemia por el COVID-19 e identificó 667 programas y acciones sociales estatales dirigidos a atender los derechos sociales y a otorgar algún bien o servicio directo a la población. Si bien el análisis comprendió el lapso de marzo a agosto de 2020, su tendencia no genera sorpresa y significa un patrón en la implementación de las políticas públicas.

Aquí un resumen ejecutivo del informe:

Tamaulipas fue la entidad que implementó más programas y acciones (72), seguido de Morelos (50) y Campeche (43). Las que hicieron menos fueron Sonora (9), Veracruz (8), Durango (8) y Tlaxcala (5). Yucatán implementó la mayor cantidad de apoyos al empleo formal (20), mientras que la Ciudad de México (CDMX) ocupa el sótano (1). En cuanto al empleo informal y a la transferencia de ingresos temporales, la CDMX encabezó la lista (10), al tiempo que BCS, Chiapas, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, SLP y Tabasco no implementaron ningún apoyo o acción.

Solo 5 estados (Tamaulipas, Campeche, Hidalgo, Sinaloa y Tabasco) implementaron medidas en pro del derecho a la educación (mecanismos de regularización en la emergencia sanitaria para homologar los conocimientos). En materia de derecho a la vivienda, únicamente 5 entidades trabajaron para garantizar el acceso a agua potable de calidad y 9 otorgaron subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda. Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tlaxcala y Veracruz no ofrecieron ningún programa relacionado con el derecho a la salud.

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Por otro lado, Durango es el único estado que cuenta con una entidad autónoma y externa que evalúa sus políticas púbicas. La mitad de los programas evaluados por el Coneval tienen reglas de operación y padrón de beneficiarios. El resto no.

El recurso público ha sido escaso en esta pandemia, pero la escasez ha sido acompañada por la falta de coordinación, coherencia y complementariedad. Los políticos dicen estar muy preocupados por el bienestar de sus pueblos, por su supuesto compromiso para atender sus necesidades, pero han repartido dinero sin los indicadores que les permitan determinar que ese dinero resolverá el problema.

El análisis de Coneval sostiene que contar con elementos de monitoreo y evaluación permite identificar y priorizar las acciones, dar seguimiento a los avances y evaluar los resultados. De esta manera, se tiene evidencia de lo que sí funciona o de las oportunidades de mejora en el diseño o implementación de las políticas, programas o acciones, con la finalidad de alcanzar los mejores resultados de la intervención pública en la población afectada por los efectos de la pandemia. Sin embargo, 58.2%, es decir, 388 de los programas y acciones sociales utilizaron evidencia para el diseño de sus intervenciones. ¿El resto dispersó el dinero sin un análisis previo?

“A una mayor coordinación se hubiera dado un mayor impacto tanto en las coberturas como en los alcances de cada uno de los programas. Es posible tener una problemática y diferentes vías de solución, pero a mayor coordinación puedes tener una solución homogénea con un mayor impacto. La desagregación provoca un menor impacto al deseado”, dice José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval.

En el escenario ideal, una plena coordinación y complementariedad entre los diferentes órdenes de gobierno es el mejor mecanismo para atacar un problema público. A casi un año de la pandemia en México, está claro que cada entidad tiene sus propias circunstancias y contexto, pero hasta la fecha no existe una política nacional para enfrentar la pobreza y otros males. Y no la habrá.

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El combate a la pobreza y la atención a los derechos sociales no es una estrategia conveniente para los políticos. Para ellos, la vigencia de estos males resulta estratégica pues siempre habrá alguien que requiera de asistencia, que después se traducirá en un voto.

Vienen las elecciones y ya está muy socializada la sincronización entre los ciclos políticos y el gasto público. Cuantos más programas sociales tengan reglas de operación públicas, se aminorará el riesgo del mal uso de los programas sociales. Hay un largo trecho por recorrer para la cultura de la evaluación. La pregunta está en saber si los políticos quieren fortalecer esa cultura, dado que hoy lo más conveniente es dispersar el dinero, administrar la pobreza y las vulnerabilidades del pueblo.

Nelson Mandela decía: “Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”. Para los políticos mexicanos, la pobreza es un mecanismo de poder.

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El próximo 15 de febrero, el INEGI dará a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con cifras al cuarto trimestre de 2020. Ese lunes se sabrá oficialmente el alcance de una crisis que ha impactado a millones de mexicanos. La pobreza laboral de 2020, cuya medición arrancó en 2005, registrará el mayor nivel registrado en su historia. Habrá que estar atentos a su impacto por estados y lo que cada uno de ellos hizo (o no) para contrarrestarla.

Nota del editor: Jonathán Torres es periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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