En el último mes, el Congreso aprobó unas modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, propuestas por López Obrador, las cuales distan mucho de los ideales de Cárdenas; sólo se asemejan a sus palabras en que, el retroceso implícito, nos remonta a la época cuando las pronunció. Hay que reflexionar sobre la soberanía que anhela, la manera en la que se realizaron los cambios legislativos, así como el impacto para los ciudadanos.
La forma
No se movió prácticamente ni una coma de la propuesta original; la votación favorable fue expedita. Resalta la subordinación evidente del poder Legislativo al Ejecutivo. Es un recordatorio del presidencialismo que predominó en México por décadas durante la segunda mitad del siglo XX.
La ausencia de cuestionamientos, la debilidad de la oposición y la opacidad en la justificación de las acciones nos alejan de la democracia.
El fondo
El principal objetivo de esta nueva reforma es fortalecer a la CFE y restaurar el control que había perdido en la generación de electricidad. Los órganos reguladores obtienen más poder y arbitrariedad en la asignación, revocación y revisión de contratos. Antes los permisos se entregaban a quienes cumplieran con los requisitos, ahora estarán sujetos a una factibilidad técnica y a planeación de la Sener. La cancelación de las subastas eléctricas y la discreción en la asignación de contratos propician corrupción.
Esto mina la confianza de la inversión privada y arremete contra la competitividad en el mercado. Además, se reconfiguró el orden de despacho, para priorizar a las plantas de la CFE y relegar a las energías renovables (la mayoría es producida por empresas privadas) hacia el fondo de la lista. Si bien la reforma energética del gobierno anterior era perfectible, los avances que había logrado darán marcha atrás con estas disposiciones.
Las consecuencias para la ciudadanía
No todos los ciudadanos entenderán los tecnicismos del sector ni las implicaciones legislativas, pero merecen saber cómo les afectará. Tras la reforma de 2013, cuando se abrió la participación al sector privado, se han invertido 44,000 millones de dólares en la generación de electricidad, dinero ahorrado por el gobierno.
Además, la energía suministrada por las empresas privadas es 26% más barata que la entregada por la propia CFE. Esto se debe a las tecnologías, la inversión, la innovación y los procesos modernos de los actores privados, lo cual reduce el costo de producción. Con la modificación, este porcentaje podría ser absorbido por la CFE y los consumidores finales.
El incremento en el costo conlleva 60,000 millones de pesos adicionales que tendrán que ser financiados de alguna manera: 1) los subsidios del gobierno aumentarán para estabilizar el precio final; o 2) la electricidad que llega a los agentes económicos será más cara. De igual manera, los consumidores pagaremos ese diferencial, ya sea por medio de más impuestos o en el alza de precios de los bienes. La contrarreforma energética no prevé soluciones para cualquiera de estos escenarios.
