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La verdadera soberanía energética

No todos los ciudadanos entenderán los tecnicismos del sector ni las implicaciones legislativas, pero merecen saber cómo les afectará, apunta Antonio Michel.
vie 05 marzo 2021 12:20 AM

(Expansión) - El presidente López Obrador en ocasiones reiteradas ha citado al ex presidente Lázaro Cárdenas como estandarte de priorizar el pueblo, la patria y la soberanía en el sector energético. Sin embargo, sería interesante saber qué opinaría el General Cárdenas al respecto de las decisiones y políticas públicas recientes.

Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1937, con la intención de contar con una institución a cargo de la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Afirmó que los criterios técnicos y económicos serían la base de las gestiones de la comisión. El objetivo era abastecer de electricidad al menor precio, no sólo a los hogares, sino a la actividad productiva de nuestro país.

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En el último mes, el Congreso aprobó unas modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, propuestas por López Obrador, las cuales distan mucho de los ideales de Cárdenas; sólo se asemejan a sus palabras en que, el retroceso implícito, nos remonta a la época cuando las pronunció. Hay que reflexionar sobre la soberanía que anhela, la manera en la que se realizaron los cambios legislativos, así como el impacto para los ciudadanos.

La forma

No se movió prácticamente ni una coma de la propuesta original; la votación favorable fue expedita. Resalta la subordinación evidente del poder Legislativo al Ejecutivo. Es un recordatorio del presidencialismo que predominó en México por décadas durante la segunda mitad del siglo XX.

La ausencia de cuestionamientos, la debilidad de la oposición y la opacidad en la justificación de las acciones nos alejan de la democracia.

El fondo

El principal objetivo de esta nueva reforma es fortalecer a la CFE y restaurar el control que había perdido en la generación de electricidad. Los órganos reguladores obtienen más poder y arbitrariedad en la asignación, revocación y revisión de contratos. Antes los permisos se entregaban a quienes cumplieran con los requisitos, ahora estarán sujetos a una factibilidad técnica y a planeación de la Sener. La cancelación de las subastas eléctricas y la discreción en la asignación de contratos propician corrupción.

Esto mina la confianza de la inversión privada y arremete contra la competitividad en el mercado. Además, se reconfiguró el orden de despacho, para priorizar a las plantas de la CFE y relegar a las energías renovables (la mayoría es producida por empresas privadas) hacia el fondo de la lista. Si bien la reforma energética del gobierno anterior era perfectible, los avances que había logrado darán marcha atrás con estas disposiciones.

Las consecuencias para la ciudadanía

No todos los ciudadanos entenderán los tecnicismos del sector ni las implicaciones legislativas, pero merecen saber cómo les afectará. Tras la reforma de 2013, cuando se abrió la participación al sector privado, se han invertido 44,000 millones de dólares en la generación de electricidad, dinero ahorrado por el gobierno.

Además, la energía suministrada por las empresas privadas es 26% más barata que la entregada por la propia CFE. Esto se debe a las tecnologías, la inversión, la innovación y los procesos modernos de los actores privados, lo cual reduce el costo de producción. Con la modificación, este porcentaje podría ser absorbido por la CFE y los consumidores finales.

El incremento en el costo conlleva 60,000 millones de pesos adicionales que tendrán que ser financiados de alguna manera: 1) los subsidios del gobierno aumentarán para estabilizar el precio final; o 2) la electricidad que llega a los agentes económicos será más cara. De igual manera, los consumidores pagaremos ese diferencial, ya sea por medio de más impuestos o en el alza de precios de los bienes. La contrarreforma energética no prevé soluciones para cualquiera de estos escenarios.

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Por otro lado, la iniciativa del presidente se concentró en la generación. No obstante, las áreas más carentes de inversión son la transmisión y la distribución. Se pretende generar más electricidad cuando la capacidad instalada de transmisión y distribución es la misma. Es un problema arrastrado desde gobiernos anteriores.

Mientras que la capacidad de generación creció en más de 4% en los siete años, la de transmisión aumentó sólo en 1.35%. La proporción dispar genera congestión y eleva indirectamente los precios de la electricidad, además de comprometer el sistema ante cualquier imprevisto, como lo vimos recientemente en los apagones masivos.

Finalmente, el retroceso se profundiza en las energías renovables. Alterar el orden de despacho, desvirtuar los Certificados de Energías Limpias (CELs), inhibir la inversión privada y priorizar estabilidad sobre costo de producción, las fuentes más afectadas serán las renovables, en especial la solar y la eólica. Significa un estancamiento en la Agenda 2030, un freno a la Ley de Transición Energética y un foco rojo en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues atenta en contra de las disposiciones del Capítulo 24 del acuerdo y diverge de la política ambiental impulsada por el gobierno de Joe Biden. Se optará por energías más caras y contaminantes para la generación de electricidad.

Los ciudadanos perciben a la electricidad como un medio, no un fin. Más allá de detenerse en ideologías políticas y términos complejos, lo que más importa es contar con abastecimiento de electricidad a un precio accesible. En tiempos de contracción económica no hay cabida para impulsos que repercutirán en el pueblo que se pretende defender.

La soberanía del México actual no es la misma que en 1937; tampoco se construye con discursos e ideologías. La verdadera soberanía se sostiene en una ciudadanía plena que ejerce sus derechos sociales, realiza sus actividades cotidianas y optimiza sus recursos. ¿De qué sirve la soberanía sobre el medio si ésta presenta obstáculos para el fin?

Nota del editor: Antonio Michel estudió Relaciones Internacionales en el ITAM, donde es profesor, y tiene una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Maxwell. Trabajó casi 7 años en la Administración Pública Federal, en las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Energía y Gobernación. Su pasión son los asuntos internacionales, los asuntos políticos y la administración pública. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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