Aunque quizá sea una generalización equivocada, es difícil no coincidir en algún grado con el argumento presidencial, en especial si es cierta la explicación del gobierno sobre las condiciones de la relación original Braskem-Pemex.
En segundo lugar, el presidente describe las acciones que gradualmente aplica para erradicar lo que considera injusticias y abusos en la industria de energía y otros sectores y sentar a las empresas a renegociar los contratos que juzga injustos y onerosos.
En la primera fase, respetando el marco legal existente, el gobierno intimida a las empresas a través de:
1. La presión mediática por el ataque constante y la estigmatización en las conferencias mañaneras y/o,
2. La amenaza de procedimientos judiciales en contra de ejecutivos que pudieran haber violado la ley.
Muchas empresas han entendido el mensaje y optado por la vía de la negociación para evitar mayor confrontación con el gobierno y continuar sus negocios sin mayores sobresaltos. Cuando esto ocurre, el propio presidente las reconoce y pone como ejemplo.
Cuando las empresas, escuchando los argumentos de sus abogados, se inclinan por tomar el camino del litigio, el presidente pasa a la segunda fase, la reformista:
3. El marco legal se ajusta para elevar el costo económico y político de las empresas reacias a entender. La reforma a la ley de la energía eléctrica sí busca fortalecer a la CFE pero, principalmente, es una palanca de presión para sentar a las empresas a la mesa y redefinir las condiciones de los contratos.
Si Iberdrola y otras empresas se sientan a renegociar contratos mas “justos” para la CFE, el gobierno puede aplicar la ley de manera que refleje los nuevos acuerdos.
4. El siguiente paso es el litigio en tribunales de México y a través de los mecanismos de solución de controversias de tratados internacionales.
