En nuestra experiencia histórica, un rasgo deseable del secretario de Hacienda es el aplomo: debe tener los tamaños para poder decir no al presidente y el talento para explicar su postura. A lo anterior ayuda el que no tenga aspiraciones políticas: es un funcionario que se mueve entre políticos, pero precisamente por eso conviene que no lo animen los mismos motivos. En las palabras del gran Secretario de Hacienda que fue Jesús Silva-Herzog Flores, debe tener “un interés desinteresado”.
En el primer rubro, Herrera quedó a deber. Durante la pandemia, López Obrador seguía hablando de políticas contra cíclicas – que descartaba – cuando lo que vivimos no tenía nada que ver con ciclos, y sí con un choque real brutal. El secretario de Hacienda no supo corregir el error conceptual del presidente, mucho menos se impuso para reaccionar de forma distinta ante la emergencia. No le quedo más que apostar a que las vacunas y Estados Unidos nos sacarán adelante. Ojalá y así sea. Pero es triste depender de factores fuera de tu alcance.
Habla de una renuncia a las capacidades de la política pública que es difícil entender en un “economista con dimensión social”, en el socialdemócrata que parecía ser Herrera. ¿A cambio tenemos equilibrio fiscal? Es debatible. La diferencia entre deuda bruta y neta – en promedio histórico un 8% del PIB – baja a niveles de 5%. La diferencia es el uso de fondos y fideicomisos; si hay que usar ahorros para cuadrar el día a día, es difícil hablar de un sano balance.
En el segundo frente, nunca sabremos si la aspiración de Herrera a gobernar su estado natal afectó su desempeño. Tampoco hay forma de saber si los malos resultados de Morena en la elección en Hidalgo en octubre del año pasado alteraron esos planes. Espero, en todo caso, que no hayan sido esos ajustes los que precipitaron el anuncio del reemplazo del gobernador Alejandro Díaz de León, aprovechando por ejemplo el triste episodio del excedente operativo, pues poco habría de economía y menos de moral en ello.
Nos debe quedar bien claro que Banxico no es una empresa productiva del Estado; si a éstas no se les exige rentabilidad, ¿por qué juzgar con ese rasero a una institución cuyo propósito es distinto?
