Publicidad
Publicidad

Sistemas de transporte público, los motores para el desarrollo sustentable

Los sistemas de transporte público se han caracterizado por demandar un crecimiento paralelo con el de las ciudades, aseguran Sebastián Guzmán y Laura Hernández.
lun 09 agosto 2021 05:59 AM

(Expansión) - La historia del desarrollo de las ciudades a nivel mundial ha enfrentado diversos retos. En sus inicios, los principales problemas se encontraban ligados con la disponibilidad de recursos pero, con la evolución de las necesidades humanas y la adopción del modelo de urbanización, los servicios públicos se han transformado en el punto central del interés social.

En este sentido, los sistemas de transporte público se han caracterizado por demandar un crecimiento paralelo con el de las ciudades. Por eso la planeación estratégica se ha convertido en una variable determinante para la gestión efectiva de este servicio a largo plazo.

Publicidad

Sin embargo, la gestión de los sistemas de transporte requiere de una estructura fundamentada desde el marco jurídico. Y justamente este punto es su ‘primera debilidad’ y el origen de las problemáticas de una correcta planeación.

A nivel nacional, tan solo 15 estados cuentan con Leyes de Movilidad Urbana, siendo Jalisco en 2013 y la Ciudad de México en 2014 los primeros en publicarlas (CÉNTRICO, 2020). El resto de las entidades del país disponen de leyes menos específicas en materia de transporte, enfocadas principalmente a regular elementos de tránsito, seguridad vial y peatonal.

Asimismo, al menos 25 ciudades cuentan con instrumentos de planificación en la materia, tales como los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) (WRI, 2020), los cuales tienen por objetivo desarrollar estrategias para la integración de diversos sistemas de transporte bajo un enfoque sostenible y funcional en el entorno urbano.

El desarrollo de estos mecanismos de planeación estratégica se encuentra fundamentado principalmente en leyes locales, que dentro de sus disposiciones establecen la obligación de su conformación. Esta acción permite generar una permanencia de la gestión eficiente de la movilidad urbana, ya que no depende de las agendas de gobierno y sus propósitos primarios para cada administración.

Asimismo, permite vincular y alinear sus objetivos con otros instrumentos tales como los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo, diseñados bajo una perspectiva de mediano y largo plazo.

La necesidad en la conformación de estos mecanismos radica en las múltiples problemáticas derivadas del sector de transporte en general, en donde el congestionamiento vehicular y la contaminación atmosférica se han convertido en los principales retos que las ciudades deben afrontar. Este hecho destaca la necesidad de estrategias y la importancia en la implementación de instrumentos de planeación que busquen mejorar de forma eficiente la gestión de los sistemas de transporte en las zonas urbanas.

A nivel subnacional existen esfuerzos importantes en la implementación de proyectos derivados de planes estratégicos de movilidad urbana, tal es el caso de la Zona Metropolitana de La Laguna. Dicha región conformada por los municipios de Matamoros y Torreón del Estado de Coahuila y por Gómez Palacio y Lerdo del Estado de Durango, ocupa el décimo lugar dentro de las zonas más habitadas en México.

Entre 2000 y 2010 la población creció en un 20% de forma extensiva hacia las zonas periféricas derivando en problemas de movilidad y altos costos en traslados para la población. Por lo anterior, el uso del automóvil incrementó exponencialmente. En 2018 de los más de 2.6 millones de viajes realizados en la zona, tan solo el 30% eran por medio del transporte público.

Publicidad
El futuro de las ciudades | #CómoReactivarMéxico

Ante este panorama, se desarrolló el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de La Laguna para hacer frente a la problemática de movilidad. Dicho proyecto tiene 36 kilómetros de longitud y se espera que entre en operación a mediados del 2022.

Su propósito es cubrir una demanda de 197,000 pasajeros por día, así como disminuir en 15 minutos los tiempos de recorrido. Otro de sus beneficios proyectados es la reducción de 21,000 toneladas de dióxido de carbono anuales.

Este tipo de programas han demostrado ser una herramienta clave para el desarrollo sustentable y efectivo de proyectos de transporte público. No obstante, para que puedan replicarse, es indispensable el fortalecimiento del marco jurídico subnacional.

Actualmente, su desarrollo ha sido vinculado principalmente como un requisito técnico para acceder a apoyos financieros, sin embargo, es necesario consolidar este tipo de mecanismos no como incentivos de financiamiento, sino como una herramienta de planeación jurídicamente establecida que permita a los estados y municipios gestionar y evaluar los sistemas de transporte desde una perspectiva integral que garantice el desarrollo urbano sostenible.

De igual forma, el apoyo y supervisión del gobierno federal es fundamental para el desarrollo efectivo de estos instrumentos, que garanticen así una mejor movilidad urbana y la disminución de la huella de carbono en las zonas metropolitanas del país.

Dadas las características de este servicio público, la trascendencia de emprender acciones para concretar debe ser promovida desde del núcleo local, en donde su vinculación con planes de desarrollo, transición energética y crecimiento económico crean un nicho de oportunidad para este servicio público con gran potencial de mitigación ambiental y resiliencia social a largo plazo.

Nota del editor: Sebastián Guzmán ( @seguzdMX ) y Laura Hernández ( @Laauhj ) son investigadores en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad