Al cónclave asistieron cerca de 150 consejeros del CCE -que representan a los diversos organismos empresariales como Concamin, Concanaco, Coparmex, CMN, CNA, ABM, entre otros-, que pusieron sobre la mesa varias observaciones a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2022.
Atento, el Secretario de Hacienda tomó nota y se comprometió a crear grupos de trabajo, entre los sectores público y privado, para en su caso acotar y/o precisar algunas de las disposiciones propuestas en el plan fiscal.
Pero la carta del gobierno ya está echada: dado que la llamada cuarta transformación tiene ya muy comprometido su gasto social, está empeñada en fortalecer su fiscalización para financiar sus programas sociales y otros proyectos. Es decir, está claro que no hay forma de sacarle dinero a las piedras, pero lo que sí es posible es eliminar cualquier resquicio para que los contribuyentes burlen el pago de sus impuestos.
No estamos frente a una reforma fiscal, pero la iniciativa en la materia registra, aproximadamente, 150 reformas y, la mayoría de éstas, se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, las cuales tienen el objeto de robustecer las facultades de las autoridades para una mayor fiscalización. Con esto, lo que más preocupa es que los ajustes den paso a la subjetividad y eso permita que el cobro de impuestos se sujete al juicio de las autoridades correspondientes.
En aquella reunión entre Rogelio Ramírez de la O y el CCE hubo coincidencias y algunas señales de preocupación.
En primer lugar, los empresarios agradecieron que se conservara la tasa cero y no se considerara la exención del IVA a alimentos y medicinas, para que así se mantenga vigente la posibilidad de recuperar el IVA en las devoluciones pues, en caso contrario, el sector privado tendría que considerar un incremento de precios.
El segundo planteamiento tiene que ver con la obligatoriedad de que todos los mexicanos mayores de edad, a partir del 1 de enero de 2022, deberán solicitar su RFC. Para los empresarios, está medida es plausible y empata de alguna forma con uno de sus planteamientos: crear una Cédula Única de Identificación Fiscal. Así, obligar a todos los mexicanos con más de 18 años de edad a tener su RFC permitirá rastrear sus pasos y, sobre todo, empezar a ubicar a quienes son parte de la economía informal.
Los empresarios, sin embargo, han levantado las cejas, por ejemplo, en dos asuntos:
Uno, la introducción de un criterio llamado “razón de negocios” en la aplicación del ISR; la reforma plantea que se considerarán como dividendos los intereses que se deriven de préstamos otorgados por partes relacionadas, cuando las operaciones de financiamiento carezcan de una “razón de negocios” a criterio de las autoridades fiscales (dichos financiamientos ocurren, por ejemplo, para un gasto de operación, para el pago anticipado a un proveedor, en fusiones o reestructuraciones).
Dos, la eliminación de los APA (Advance Pricing Agreements), que resultan ser prácticas mundiales para fijar precios entre el contribuyente y la autoridad. Particularmente, la industria maquiladora podría resultar afectada.
En el ambiente, además, persisten los temores que advierten que la cacería contra los grandes contribuyentes continuará, que las cabezas de Miguel Alemán y Alejandro del Valle no serán las únicas por caer, que pueda venir una sorpresa en los impuestos a refrescos, bebidas alcohólicas y tabaco.
