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Contrarreforma eléctrica: regresión y absurdo

Difícilmente se evitaría el alza en las tarifas eléctricas para las actividades económicas, al quedar a merced de un monopolio en tal estado de precariedad, considera Rodrigo Villar.
jue 07 octubre 2021 12:11 AM

(Expansión) - De prosperar, la contrarreforma eléctrica planteada por la Presidencia de la República sería como un nocaut con efecto multidimensional para México.

Para la inversión productiva podría ser peor que la cancelación del aeropuerto de Texcoco: confirmación de un Estado de derecho sujeto al capricho de la política y los políticos. De entrada, en el sector, transitar de una institucionalidad de control y regulación basada en la autonomía técnica y la separación de facultades a uno de monopolio y discrecionalidad burocrática, sentando un pésimo precedente para otras actividades.

¿Quién va a arriesgarse a poner una gran planta industrial en un país donde, además de incertidumbre jurídica, no habría una perspectiva de abasto energético confiable, mucho menos a costo competitivo? Máxime si no podría cumplir con requisitos ambientales exigidos por sus inversionistas, importadores, consumidores y reguladores internacionales y de su propio país.

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En vez de “soberanía” y “autosuficiencia”, con la contrarreforma se multiplicarían las pérdidas para el Estado mexicano, al liquidar la parte rentable de la CFE y dar salvoconducto a la continuidad de sus ineficiencias, costos hundidos y obsolescencias. En la práctica, hoy ocurre lo opuesto a la acusación de que los generadores privados son subsidiados por el Gobierno. Gracias a las subastas, ha asegurado energía a 20 dólares el MwH que puede vender en 100. Así, la única subsidiaria con ganancias sostenidas es Generación V, que compra a Productores Independientes.

Las centrales hidroeléctricas y las más modernas de ciclo combinado de la CFE trabajan con un costo de mínimo unos 1,200 pesos por MwH. En cambio, el de fotovoltaicas y eólicas privadas no llega a 400. Sin embargo, las termoeléctricas más viejas y sucias de la CFE, con costos de más de 2,000 pesos por MwH, tendrían precedencia, una vez absorbido el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que actualmente compra por precio, y abolida la CRE.

Mayores costos, menos ganancias y una patada a la inversión, cuando nuestro Gobierno no tiene, ni en sueños, el capital para construir la capacidad de generación requerida por el crecimiento de la demanda. Sin contar que también hay que invertir en transmisión y otros rubros y habría que considerar las facturas multimillonarias por litigios contra la retroactividad de la nueva normativa y arbitrajes al amparo de tratados internacionales como el TMEC.

Con esos antecedentes, además de apagones, difícilmente se evitaría el alza en las tarifas eléctricas para las actividades económicas, al quedar a merced de un monopolio en tal estado de precariedad. Incluso para el consumo doméstico, una vez que los subsidios sean insostenibles.

Peor, todo ello con gravísimas consecuencias ambientales: más smog, que literalmente mata gente en nuestras ciudades, y más gases de efecto invernadero para calentar al planeta. La contrarreforma le aseguraría a México ser uno de los principales renegados climáticos; para comenzar, con el incumplimiento de los compromisos ante el Acuerdo de París.

Los Certificados de Energías Limpias (CEL) serían cancelados. Ya no habría obligación de que la CFE y grandes consumidores paguen más por usar energía sucia, con el incentivo a invertir en fuentes limpias. Adiós a nuestro mecanismo más importante para disminuir la huella nacional de carbono, sobre lo que tendremos que dar cuentas dentro de un mes en la COP26 de Glasgow. Como cereza del pastel envenenado, la cancelación podría constituir una violación al TMEC, tomada como expropiación indirecta de activos.

Por si no fuese bastante, la CFE sería la encargada de la transición energética y las actividades necesarias para realizarla. Un monumento a la contradicción: contamina más y encárgate de hacer bajar la contaminación; además, porque la transición abarca múltiples y diversas áreas que rebasan a la CFE y aun a la industria eléctrica. En el proyecto se incluye desde ciencia hasta transformación de minerales estratégicos. Así, podría abrirse un vacío legal que dé pie a restricciones arbitrarias en todo tipo de ámbitos.

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Ni siquiera se aclaran los qué de la política de Estado para la transición, y por efecto del cambio constitucional, toda la ambigüedad se transvasaría en automático al sector hidrocarburos. Finalmente, se subraya que el financiamiento nacional será la palanca de desarrollo, sin mención del internacional, cuando el mismo Acuerdo de París contiene el compromiso de los países ricos de transferir 100,000 millones de dólares anuales en inversiones y apoyos a países en desarrollo.

Los números en el Legislativo indican que esta regresión no debería pasar. Al bloque oficialista, conformado por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista, le faltan 56 diputados. En la la Alianza Va por México, el PAN y el PRD ya dejaron claro su rechazo, pero los priistas han decidido jugar en la ambigüedad, en patente incongruencia porque ellos mismos promovieron la reforma del 2013 que ahora es colocada en la guillotina.

Menos congruencia aún que un partido que se ostenta como Verde apoye una contrarreforma contrapuesta a los principios y las prioridades del ambientalismo global y nacional. Aunque se nos tache de ingenuos, quizá queda esperar por ahí algún resquicio de dignidad, al menos para guardar las formas.

Como sea, desde el ambientalismo, el sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía consciente de lo que implicaría la aprobación de este gran absurdo, debe emerger una defensa proactiva de la congruencia.

Aquí nos jugamos el futuro. Esto no debe pasar.

Nota del editor: Rodrigo Villar es un emprendedor social y Socio Fundador de New Ventures, donde busca transformar la manera tradicional de hacer negocios y crear un nuevo modelo empresarial que perciba el impacto como status quo. Cuenta con un MBA del Royal Melbourne Institute of Technology y estudió la carrera de Contabilidad y Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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