Desafortunadamente, no es novedad que en lo que a delitos respecta no sea de la misma manera. Esto, sin duda, es un problema y tema no sencillo de abarcar y de, por supuesto, encontrarle una solución. Pero, permíteme, querido lector, enfocarme a un solo tipo de delito y cometido específicamente en un sector.
En el día a día estamos expuestos a diversos tipos de delitos y es el fraude uno de los más frecuentes, tanto para las personas como para las empresas. En el caso de estas últimas, aunque se han desarrollado diversos mecanismos para denunciarlos y detectarlos, aún falta mucho por hacer.
Con datos recientes arrojados por un estudio de KMPG, un 46% de los encuestados estiman que la afectación económica por fraude cometido asciende hasta 500,000 pesos, un 36% entre 500,000 hasta 5 millones y el resto supera esta última cifra; 41% de las empresas encuestadas manifestaron contar con un programa integral de prevención, detección y respuesta ante posibles casos de fraude y, aunque con un porcentaje bajo, no deja de llamar la atención que un 17% de directivos afirma que su organización no está expuesta a riesgo de fraude.
El mismo estudio indica que en lo relativo a fraude externo las mayores modalidades son las relacionadas con soborno y documentación falsa y en el interno lo son la malversación de efectivo, de activos y el conflicto de interés. Ya sea externo o interno, siempre hay capital humano de la organización involucrado.
Aunque no es sencillo confirmar (pero no imposible), estos implicados no siempre actúan conscientes de que se está cometiendo un delito. Me explico.
Como al inicio mencioné, hemos atravesado por grandes eventos, sin duda la pandemia por COVID-19 es el principal, que han generado importantes cambios, que a todos nos han impactado de diversas maneras, negativa principalmente, y en la conducta y comportamiento de los colaboradores en cualquier tipo de organización no ha sido la excepción.
El bajo nivel de bienestar, aunado al aumento de la tensión, ha llevado a que los colaboradores razonen que el fin justifica los medios, lo que implica que pueden actuar o tomar malas decisiones en lugar de las correctas; a que se les dificulte manejar información confidencial; a que no se juzgue con objetividad las decisiones y acciones propias, lo que puede conducir a tomarlas sin pensar en las consecuencias de sus actos; a que se preocupen más de lo necesario por su estado de salud o por la permanencia de su empleo, entre otros factores, han hecho que aumente el riesgo de las organizaciones en términos de fraude, ya sea externo o interno.