(Expansión) - La narrativa alrededor del litio cuenta con los siguientes ingredientes: especulación, sobrevaloración, nacionalismo sin fundamento, amenazas de expropiación, conflictos legales y más.
Nadie duda de que el litio es un recurso natural que puede contribuir a la transición energética. Los medios lo han llamado el “oro blanco”, el “nuevo petróleo”; en otros países puede serlo, pero aquí en México no hay ninguna certeza de que pueda ser una cosa o la otra.
Ésta es la enredada historia que trae la apuesta por el litio emprendida por la autollamada cuarta transformación:
Uno, decir que el litio es nuestro resulta innecesario, aunque se entiende perfecto la intención de tocar fibras sensibles. En el Artículo 27 Constitucional está claro que todos los minerales que se encuentran en el subsuelo pertenecen a la nación. Por lo tanto, presumir la nacionalización del litio es falaz. En el caso del litio, la forma en que México ha conducido la explotación de este mineral ha sido a través de concesiones, a cambio de obtener regalías por ello.
Dos, el litio es un recurso natural que puede contribuir en la transición energética, pero en México no hay un panorama claro de sus alcances.
Revisemos el contexto, que corre a lo largo de esta historia, tomando como base el panorama que ofrece el documento llamado “El litio en México: verdades y mentiras”, de la autoría de Aleida Azamar, coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana:
Las mayores reservas de litio se encuentran en Australia y América Latina, y la concentración de las cadenas productivas están centradas en el mercado chino. Australia y Chile concentran casi 80% de la producción mundial de sales de litio, pero es en América Latina donde está el mayor potencial productivo de este metal. Bolivia, Argentina y Chile forman el triángulo del litio de América Latina.
Sin embargo, el descubrimiento de una reserva mineral en México podría modificar la forma y las estrategias de todos los actores interesados en el aprovechamiento de este recurso. En 2019, saltó a la luz el descubrimiento de un depósito de litio en Sonora, México, que podría ser uno de los más grandes en el mundo con supuestamente 243 millones de toneladas de este recurso concentradas en un solo lugar y cuyo potencial podría ser aún mayor, ya que este tipo de vetas suelen ampliarse a medida que se profundiza su extracción.
En este momento hay varias empresas con permisos para el aprovechamiento del litio en México: Radius Gold, Infinite Lithium, Rock Tech Lithium, Alien Metals, Zenith Minerals, Litio Mex, Pan American Lithium Corp y Zeox; “estas empresas no están moviendo un dedo para explorar y solamente se benefician en el mercado de valores gracias a la cotización del mineral”, afirma Aleida Azamar.
Adicionalmente, están Bacanora Lithium y Rockland Resources Ltd., que sí están invirtiendo; también, hay dos empresas canadienses: Organimax Nutrient y One World Lithium.
De acuerdo con el documento de Aleida Azamar, el Servicio Geológico Mexicano señala que, desde 1979 hasta la fecha, se han descubierto al menos 57 ubicaciones con presencia de litio en todo el país, pero en su mayoría carecen de capacidad para desarrollarse por sus bajas concentraciones productivas. Hoy, solo hay 11 yacimientos que presentan viabilidad extractiva a futuro, pero ninguno se encuentra en fase de explotación activa.
Sin embargo, la mira está puesta fundamentalmente en tres sitios que podrían ser explotados: Salinas, San Luis Potosí; Villa de Cos, Zacatecas; Bacadéhuachi, Sonora. El último es el que más interés despierta, pero hasta el momento no se puede determinar con exactitud el tamaño de la reserva.
Como sea, es en Sonora donde esta historia puede descomponerse y aquí viene el tercer elemento a considerar: los riesgos de expropiación.
Antes de los ajustes a la Ley Minera, las voces para expropiar el mega depósito de Bacadéhuachi ya se escuchaban. En su momento, Víctor Toledo, entonces titular de la Semarnat, sugirió que se buscaría la nacionalización de las minas de litio en el país. Después, Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, se sumó. Recientemente, el Presidente de la República anunció que se revisarán los términos de la concesión que en su momento se otorgó a una empresa en Sonora.
¿Estaremos frente a una expropiación? Bacanora Lithium podría ser la víctima. La empresa, en un principio, era una sociedad con inversiones de Reino Unido y China, pero los ingleses decidieron decantar su participación mencionando que carecen de los medios y capacidades para realizar un proceso de extracción satisfactorio. Ahora, la compañía minera china Ganfeng Lithium (una de las más importantes del mundo) opera Bacanora Lithium, que hasta la fecha ha invertido más de 420 millones de dólares en proyectos extractivos de litio.
Aquí está la razón que podría dar paso al pleito: Bacanora Lithium estima que, para 2023, arranque el proceso de explotación de litio con casi 35,000 toneladas anuales, lo que podría convertir a México en uno de los jugadores más relevantes del mundo en cuanto a la producción de este recurso, cita el documento de la también presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Dicho lo anterior, sí, hay criterios políticos detrás de todo esto, pero también mucho dinero en juego.
¿Qué puede venir? En ningún apartado de la Ley Minera se habla del fin de las concesiones que ya fueron otorgadas. “La ley dice que no se van a terminar y, como los cambios son de materia legal y no constitucional, nadie podría, ni siquiera el presidente, revocar una concesión”, sostiene Daniel Salomón, experto en temas energéticos. “No es posible aplicar retroactivamente una ley nueva a una empresa que tenía ya derechos adquiridos”.
Cuatro, las empresas que vean violados sus derechos recurrirán al amparo, o bien, exigir una indemnización (de acuerdo con el Artículo 27, las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización); además, la conformación de una empresa pública que impida la libre competencia puede provocar disputas arbitrales bajo los tratados de libre comercio.
Cinco, en la reforma a la Ley Minera, el litio tiene el carácter de “utilidad pública”, lo que significa que tiene prioridad por encima de casi cualquier otra (excepto energía eléctrica y petróleo); con ello, existe la posibilidad de que el gobierno expropie terrenos si considera que ahí hay rastros de litio.
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Los impactos, con la explotación del litio, no implican solo dinero.
Aleida Azamar ubica más:
Para su extracción, se requieren más de 2,000 toneladas de químicos para los procesos productivos; además, por cada tonelada de sales de litio se evaporan 2 millones de litros de agua, la cual no solamente es escasa en donde se encuentra presente el litio, sino que también contamina los depósitos subterráneos de ésta.
La transformación territorial afectaría a las especies locales debido al desmonte y creación de estructuras necesarias para el proyecto. Tan sólo la concesión para Bacadéhuachi en Sonora ocupa 100,000 hectáreas y con posibilidad de crecer, esto es equivalente al tamaño de una pequeña ciudad.
Si se contrasta con el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, éste utiliza 4,500 hectáreas y ya representa un enorme riesgo socio-ambiental. No todo el espacio donde está la mina se ocupa o se modifica, pero toda la concesión está sujeta a que tenga impactos y transformaciones en caso de considerarse necesario.
Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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