Así, esta serie tendrá varios capítulos. Primero, el discurso político dominará y los llamados de defensa a la patria se multiplicarán. Después, lejos de los reflectores, los representantes del gobierno mexicano buscarán la manera de conciliar con sus contrapartes estadounidenses y canadienses para no escalar más el diferendo comercial. En simultáneo, las inversiones principalmente en el sector eléctrico se mantendrán en vilo.
La acción tomada por el gobierno de Estados Unidos en torno del mercado energético en América del Norte ha provocado un sinfín de emociones en la comunidad empresarial basada en México. Por una parte deja una cierta sensación de victoria porque significa un respaldo a las posturas ya conocidas por diversos jugadores del sector que advertían del cambio de reglas. Sin embargo, también hay desazón pues algunas empresas acusan, en voz baja, que persiste la campaña de persecución en su contra.
Sin duda, enojan y preocupan las primeras reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dejan la sensación de que el gobierno mexicano, o su miembro más influyente, no está dimensionando el gran problema en el que pondría al país, pero sobre todo las implicaciones que sus decisiones tendrían en la economía y en los negocios.
Por lo pronto, ningún jugador del sector eléctrico, nacional o extranjero, hará algún pronunciamiento público. La inversión extranjera en este rubro no tiene, de momento, ningún incentivo para multiplicarse. Las representaciones empresariales dejarán en manos de las autoridades estadounidenses y canadienses la suerte de las inversiones; también, apuestan a que el pleito termine en las próximas semanas en santa paz.
El rejuego político, bajo el cristal del sector privado, se piensa de alguna forma así: si el oído del presidente se deja ir por las posturas del director general de la CFE, Manuel Bartlett, y de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, la batalla está perdida y el deterioro del mercado eléctrico se intensificará; pero, si domina la técnica y el conocimiento de los expertos de la Secretaría de Economía, el desenlace podría no ser tan amargo.
Se sabe que en la Secretaría de Economía hay personal que tiene presente las dificultades para montar la defensa del Estado frente a este caso; en el sector privado hay confianza en el equipo de Tatiana Clouthier, conformado por gente con experiencia y mucho roce internacional que sabe en lo que estamos metidos, pero también es evidente que hay una línea que viene de Palacio Nacional que puede desdeñar la técnica y dar paso a la ideología.
Vienen semanas intensas. Según una ruta trazada por el IMCO, a partir de la controversia presentada (20 de julio) deben correr 30 días para la solicitud de consultas y después 45 días para su realización (19 de agosto como fecha límite). Hasta este momento no se tienen antecedentes de un solo caso que se haya resuelto en esa primera instancia; ciertamente, por las implicaciones del caso, no habría que descartar un arreglo pero, fuera de Las Vegas, no es recomendable aportar por ello.
