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Endeudamiento aplazado

Pemex y CFE han contratado importantes financiamientos, pero sin cumplir con las exigencias constitucionales, dado que no se identifica, en cada transacción, la fuente de pago que los justifique.
mié 14 septiembre 2022 06:06 AM
El costo de la deuda pública de México será el más elevado en 27 años, de acuerdo con la SHCP.
El modelo de temerario aplazamiento del endeudamiento oficial provocará un desbalance en las finanzas públicas como no se ha enfrentado en décadas, apunta Gabriel Reyes.

(Expansión) - Se ha tratado de posicionar como responsable aquello que no lo es. La falaz idea de que este gobierno no se está endeudando nos está conduciendo a un entorno que será complejo afrontar. Lejos de ser un avance, entraña un severo riesgo para las finanzas públicas.

Por un lado, es claro que las dos empresas energéticas del Estado han venido contratando importantes financiamientos, pero sin cumplir con las exigencias constitucionales, dado que no se identifica, en cada transacción, la fuente de pago que los justifique.

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Por otro lado, ambas empresas han manipulado la presentación contable de sus pasivos, al emplear criterios poco confiables para revelar los adeudos que mantienen con proveedores y contratistas, dando, además, una inexacta presentación al problema de las pensiones por cubrir.

Los proyectos y obras, a fuerza de precipitar inauguraciones, se llevan al cabo con gran opacidad, llegando al extremo de poner en riesgo la calidad, compatibilidad y durabilidad de los equipos, materiales y tecnologías empleadas, lo cual, lejos de representar ahorros, ha significado enormes 'escalaciones' en precios.

Lamentablemente, la premura establece las prioridades en lo que debieran ser modelos de largo plazo, adquiriéndose irresponsablemente lo disponible sobre lo adecuado, aceptándose, claro, los precios que impone quien cumple fechas caprichosas.

El mantenimiento se ha relegado, generando falsas economías que derivarán en nuevas compras y no en reparaciones menores o sustitución de refacciones y consumibles, propiciándose un perfil indeseable en la operación en la industria estatal, conduciéndola a un derrotero de constante falla en el mediano plazo y a la eventual obsolescencia. Escenario que representará cargas, simultáneas y acumuladas, en un período no mayor a los cinco años.

La emergencia de eventos provocados por la desintegración o demolición de cadenas de servicio y producción, ocasionada por el impago a la línea de suministro nacional, tanto en Pemex, como en CFE, así como la inevitable ocurrencia de eventos de inaplazable sustitución de equipos, maquinaria y corrección en instalaciones operativas, obligará a las autoridades financieras a recurrir de manera tempestuosa y desorganizada a los mercados internacionales de deuda, sin capacidad de establecer y diseñar calendarios acordes a la gubernamental captación de recursos.

Las necesidades en los sectores salud, educativo, infraestructura y demás ramos de la administración pública federal, no han desaparecido, sólo se han postergado, subordinándose el erario público a tres grandes proyectos tlatoánicos, que consumen vorazmente los recursos presupuestarios, en un ambiente de pronosticada recesión, la cual, necesariamente impactará los ingresos tributarios.

Esto es, el Ejecutivo Federal no sigue planeación o programación alguna, sino únicamente va estableciendo, sobre una base de un cortoplacismo apabullante, la canalización de los cada vez más escasos recursos, sujetándose más a una teleología ideológica, que a una visión funcional del aparato burocrático, impactando con sus decisiones las cadenas de suministro asociadas al mismo; conduciendo a un escenario catastrófico a empresas que son altamente demandantes de recursos materiales y humanos en el país, sí, a un segmento destacado del aparato productivo nacional.

En un mare magnum de disputas y controversias de orden político, se ha dejado de percibir que se ha venido cavando un enorme boquete en la proyección y previsión de gasto público, desvinculándolo de la más elemental planeación del endeudamiento oficial, lo que, lejos de anular la necesidad de empréstitos, la ahondará, haciéndola crítica en el mediano plazo.

En el balance, no sólo no habrá ahorro o beneficio, sino que el modelo de temerario aplazamiento del endeudamiento oficial provocará un desbalance en las finanzas públicas como no se ha enfrentado en décadas. La rentabilidad política de contener el financiamiento del sector gubernamental es inversamente proporcional a la devastación que provocará en la satisfacción de necesidades de la población, recrudeciéndose en la entrante administración, generando un lastre inercial en varias más.

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Si bien es cierto que la normatividad en materia de deuda pública, a partir del año 1976, tuvo importantes adecuaciones, tanto en la Carta Fundamental como en las leyes federales y estatales, en años recientes sufrió una lesiva irrupción y drástica relajación, gracias a una muy desafortunada intervención por parte del Poder Judicial Federal, el cual, amplió, sin mesura alguna, la manipulación y falta de transparencia en diversos renglones financieros, particularmente en los de deuda nacional.

El criterio promovido por el Ministro Pérez Dayan, a principios de esta administración, permitió al gobierno mantener enormes adeudos sin registro, y, por tanto, dejándoles al margen de la programación y presupuestación anual, gestando un bloque demoledor de deuda oficial fantasma.

Estando en la antesala de años de elevado perfil electoral, no debe perderse de vista que, el continuado y pertinaz desgaste del andamiaje presupuestario, que este año cerrará en rojo, acusa la urgente necesidad de prever el nocivo efecto del aplazamiento del financiamiento público. Sea quien sea que resulte ganador del proceso comicial, enfrentará una posición financiera que regresará a México a las propuestas de colocación con porcentajes del PIB que hace mucho no veíamos.

El manejo responsable del endeudamiento nacional es uno de los determinantes del buen gobernante, lo califica y ubica en la historia, siendo cierto en nuestro país, como en el resto del mundo, que no es la abstención del financiamiento, sino su uso ordenado, responsable y oportuno, lo que permite calificar las decisiones adoptadas en ese sector.

La anorexia financiera que se ha planteado como modelo gubernamental por el Ejecutivo Federal, así lo demostrará, al constatarse, en menos de un trienio, que sólo se aplazó, con graves riesgos, la colocación de deuda pública.

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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