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Los retos de la fiscalización

Poco valor se le ha dado a un presupuesto básico para sentar las bases de una economía exitosa, señala Gabriel Reyes Orona.
jue 18 noviembre 2021 12:02 AM
contribuyentes financiarán el 56% del presupuesto público
Se sigue creyendo que fiscalizar es una tarea contable, apunta Gabriel Reyes Orona.

(Expansión) - Suele pensarse que la ubicación geográfica, el acceso a recursos naturales, o bien, elementos casi providenciales, son los que han hecho la diferencia entre los países, y hasta hemos llegado a pensar que resulta irresistible el destino de las naciones, estando unas condenadas a la pobreza, y otras, al desarrollo.

Si bien es cierto, la vocación de algunos países se definió por la capacidad de interactuar mercantilmente, a través de puertos o rutas y, en otros casos, la de ser proveedores de bienes altamente demandados. La verdad es que poco valor se le ha dado a un presupuesto básico para sentar las bases de una economía exitosa, siendo éste un entorno de equidad, que no es sino contar con condiciones en las que se respete lo pactado y las autoridades impongan la ley, y no hagan de ésta el medio para enriquecer a sus funcionarios o perpetuarse.

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Son tantas las diferencias culturales, oportunidades de producción o medios para erigirse como clave en la formación de precios de bienes y servicios, que se tiende a pensar que la diferencia entre el primer y el tercer mundo ha sido producto de la casualidad, sin advertirse que la evolución de un poder judicial eficiente y eficaz ha resultado dramáticamente relevante, particularmente cuando éste se ha granjeado la respetabilidad y credibilidad de los justiciables.

La calidad de los productos, la fortaleza de las empresas, y su presencia en los mercados internacionales, son producto de la certeza. La justicia, el más preciado valor que aporta la instauración del estado, hace toda la diferencia en la formación de un empresariado viable, ese que no se topa día a día con los obstáculos propios del subdesarrollo, que van, desde altos costos en los energéticos, deficientes caminos o vías de comunicación, hasta una grotesca burocracia, que hace de los trámites pista de obstáculos hacía la formación de utilidades.

Si se mira con cuidado, hasta hace algunos años, teníamos un ordenamiento jurídico de avanzada, producto de la creencia generalizada de que el problema estaba en las leyes. El proceso de codificación, que en México iniciamos desde el siglo XIX, construyó un sólido andamiaje que hizo pensar a muchos que transitaríamos hacia el desarrollo, pero el problema está y ha estado, desde hace décadas, en el poder judicial.

Con un sistema jurídico con grandes debilidades, los jueces, y, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, han sabido guiar la actividad civil, comercial y administrativa por un camino sin recovecos, ni componendas, en el que el incumplimiento de leyes o contratos, la demora, y la deficiente calidad en bienes y servicios se pagan caro. El resultado está a la vista. En México mucho se tiene que hacer por cambiar nuestro aparato judicial, pero ese cambio no está en las leyes.

Igual sucede con otro asunto toral para construir un mejor país, el efectivo control del gasto público. Ello, dado que, aunque el sector oficial no es la pieza de mayor tamaño y torque en la maquinaria económica, sin duda, su comportamiento la determina, para bien o para mal.

Hace poco más de 20 años se dio un giro en el que ha prevalecido la simulación, nuevamente, en detrimento de la eficiencia. Se pasó de un esquema de contabilidad mayor de hacienda hacia uno de fiscalización superior, pero en realidad lo único que cambió fue el nombre.

 

Se sigue cuadrando el balance, y, lamentablemente, se piensa que basta con documentar el proceso origen-destino de las partidas. En más de dos décadas el cambio fue inocuo, sin que se registren mejores prácticas en la forma y términos en que se gastan los recursos públicos.

Uno de los aspectos centrales que, tanto el legislativo, como el judicial, debieron asumir como tarea sustantiva de estado, es el de llevar al cabo un ejercicio profundo, serio y técnico de revisión de la cuenta pública; sin embargo, es lastimosa la superficialidad, el desconocimiento e inconsecuencia con la que se hace.

El partido en el poder, cobijado por su artificial mayoría, inició hace tres años el proceso de mayor descontrol y desbalance en el ejercicio del gasto público del que se tenga memoria en el México moderno. Los ejemplos sobran, se ha dispuesto de grandes caudales en programas y proyectos imprevistos en el presupuesto aprobado.

Se ha acudido al endeudamiento nacional para destinarlo, violando la Constitución, a obras que no son rentables y que carecen de fuente identificada de pago. Se han realizado transferencias y adecuaciones presupuestarias sin orden ni transparencia. Se extinguieron fideicomisos sin dar cuenta del destino de su patrimonio. Aun así, lamentablemente, se sigue creyendo que fiscalizar es una tarea contable.

Nota del editor: Gabriel Reyes Orona es ex procurador fiscal de la federación. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

 
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