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Disponibilidades financieras

Son más de 250 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las que se les pretende hacer entrar a un hoyo negro en materia de programación y pago de compromisos financieros.
vie 17 marzo 2023 06:09 AM
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Cuentas revisadas por la Tesofe presentaron una serie de inconsistencias, como estar aperturadas desde hace varias décadas por gestiones pasadas, sin contar con información de saldo, abiertas bajo el nombre de personas que ya no están en la función pública, con errores de clasificación, entre otras

(Expansión) - Desde hace cuatro gestiones, la falta de transparencia y la discrecionalidad ha privado en el manejo de las disponibilidades presupuestarias. Hoy, precisamente aludiendo a la opacidad, la Tesorería de la Federación adopta una medida que resulta inoportuna, predatoria e inconducente a conseguir el objetivo propuesto. El mecanismo planteado por esa instancia federal, lejos de arreglar el problema que denuncia, lo profundizará.

Lamentablemente, la dirigencia de la banca organizada en nuestro país ha preferido mantener un perfil omiso, sin advertir los severos efectos que tendrá la medida de clausurar cuentas bancarias en nuestro país. La trazabilidad de erogaciones que deben realizar los integrantes de la Administración Pública Federal será mermada de manera importante, pero las repercusiones van a ir más allá del retroceso en la fiscalización del ejercicio presupuestario, provocando una disrupción en el sistema bancario mexicano, el cual afectará, tanto a bancos, como a usuarios.

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Se ha dicho que la disposición general publicada el 15 de febrero de este año tiene como objetivo sanear y regularizar cuentas que fueron abiertas por funcionarios que no reportaron su existencia a los órganos de autoridad del sector financiero. Lo cierto es que la draconiana medida, por su deficiente confección, abarca insospechados ámbitos, teniendo alcances desproporcionados que fácilmente se saldrán de control.

En primera instancia, debe decirse que no se previó un razonable período de transición, que permitiera identificar casos que precisan de medidas ad hoc, así como que tampoco se advirtió que existen compromisos contractuales a cargo del sector público que no permiten cancelar y mantener en la indefinición la cuenta de cargo o disposición.

CFE y PEMEX se hallan en un entorno gris. Serán exceptuados de la aplicación de la medida, si no se quiere provocar disrupción en la proveeduría; en el cumplimiento oportuno de pago de adeudos financieros, y en su operación industrial. Son más de 250 dependencias y entidades que forman parte de la Administración Pública Federal a las que se les pretende hacer entrar a un hoyo negro en materia de programación y pago de compromisos financieros.

Sin contar con un padrón de cuentas, la TESOFE ordenó cancelar todas las cuentas bancarias en México y en el extranjero, haciendo caso omiso del pago a becarios, sueldos de funcionarios asignados al exterior, pago de rentas y de múltiples servicios en el exterior. Ello, al tiempo de imponer un ingenuo esquema de autorización centralizada de apertura y registro de cuentas que, lejos de dar orden, provocará pequeños incendios que, en pocos meses, exhibirán los indeseables efectos de hacer nombramientos caprichosos, alejados de mínimos de preparación y experiencia.

Es fácil adivinar que rápidamente quedarán al descubierto bancos cercanos al poder, los cuales, sin mayor distintivo que esa condición, se apoderarán de enormes caudales, alegando supuestas reducciones en el cobro de comisiones, las cuales se compensarán, con creces, con el floating. Será así, dado que la estructura y sistemas del Banco del Bienestar quedarán más que rebasados.

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Se prevé la existencia de criterios y directivas para la contratación de cuentas, pero es claro que la “demora” en su publicación y la autorización de quienes serán ungidos como favoritos financieros, fuera de licitación transparente y competitiva, impactarán negativamente en los costos de operación de los intermediarios, formándose así un segmento dominante en el sistema financiero, sí, uno formado regulatoriamente desde los escritorios encargados de fomentar la competencia en el mercado nacional.

Veremos, además, cómo la TESOFE pretenderá hacerse de una clave estandarizada, a la cual no tiene derecho, ya que sus medidas y procedimientos de seguridad no alcanzan los mínimos exigidos a los integrantes del sistema bancario.

La inusitada normativa es deliberadamente silente en cuanto al proceso de concentración de fondos, que le dará a TESOFE, una vez más, la capacidad de hacer de las suyas en el sesgo de flujos, con cargo al incumplimiento selectivo de ministraciones.

La medida tendrá profundas repercusiones en el costo operativo de los bancos, y se transferirá al calcular comisiones sobre servicios del público en general, haciendo, por otro lado, menos atractivo invertir en el capital de los bancos mexicanos.

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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