El límite o el techo de la deuda fue creado en 1917 por el Congreso y es definido por el Departamento del Tesoro como: “la suma total de dinero que el Gobierno de los Estados Unidos está autorizado para pedir prestado con la finalidad de cumplir con sus obligaciones legales”. Dichas obligaciones legales abarcan los desembolsos para cubrir los intereses de la deuda, los salarios de funcionarios y de las fuerzas armadas, programas de seguridad social, etcétera. También se especifica que el límite de la deuda es exclusivamente para financiar el gasto aprobado del gobierno, por lo que no es instrumento para incurrir en erogaciones adicionales.
Los incrementos en el límite de la deuda son comunes. Desde 1960, el Congreso en 78 ocasiones ha decidido, ya sea incrementar temporal o permanentemente, o revisar la definición del límite de la deuda. De estas 78 ocasiones, 49 fueron con un presidente Republicano y 29 con un presidente Demócrata. Para que se apruebe el incremento en el límite de la deuda, se necesita la aprobación por mayoría de la Casa de Representantes y del Senado.
En tiempos recientes, las negociaciones para aprobar la medida se han vuelto más tensas. En 2011, se logró un acuerdo apenas unos días antes de la fecha límite, lo que generó que Standard &Poor´s degradara por primera y única vez en la historia la calificación crediticia de los Estados Unidos, lo que se estima que tuvo un costo de 1.3 billones de dólares, al elevar los costos financieros (GAO, Government Accountability Office). Otros años donde se ha estado en el límite, fueron 2013 y 2021.
Actualmente, el límite de la deuda aprobado (31.4 billones de dólares) se superó en enero, lo cual fue sorteado temporalmente gracias a “medidas extraordinarias” empleadas por el Departamento del Tesoro, las cuales Janet Yellen estima que se agotarían a inicios de junio. Los Republicanos, quienes tienen la mayoría en la Casa de Representantes, han ofrecido apoyar el incremento del techo de la deuda, pero si los Demócratas se comprometen a realizar algunos recortes y ahorros en el gasto, lo cual ha sido rechazado por el presidente Biden.
La Casa Blanca y algunos analistas han advertido de las consecuencias económicas de no elevar el techo de la deuda antes de la fecha límite. Si el gobierno entra en un incumplimiento de pagos, los costos financieros se elevarían significativamente para todos los agentes económicos, restringiendo al consumo, la inversión y el gasto gubernamental en los próximos años.
Esto podría llevar a la economía estadounidense a una recesión y, a diferencia de 2020, el gobierno no tendría la capacidad para implementar medidas contra cíclicas. Estos efectos no serían solamente de corto plazo, si la creciente politización del límite de la deuda daña permanentemente la confianza de los inversionistas globales en el Gobierno estadounidense, por lo que le exigirían un mayor premio a cambio de prestar sus recursos. Además, el dólar podría debilitarse, si dejara de utilizarse, hasta cierto punto, como moneda de refugio.
Analistas de Moody’s, en un estudio presentado ante el Comité de Banca del Senado, estiman que las consecuencias económicas serían similares a las de la Crisis Financiera Global de 2008, en un peor escenario. Proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) caería hasta 4.0%, se perderían 7 millones de empleos y la tasa de desempleo subiría hasta 8%. Estiman además que, en 10 años, el nivel del PIB sería 1% menor que en un escenario donde se aprobara oportunamente elevar el techo de la deuda.
