El desafío más apremiante radica en la creciente desvinculación entre la oferta académica y las necesidades reales del mercado laboral. Muchas instituciones educativas, guiadas por intereses económicos, han optado por impartir carreras sencillas y desactualizadas. Pero la realidad es que México ya no necesita más abogados, ni contadores, ni administradores de empresas; México requiere de profesionales que estén a la altura de las exigencias actuales.
Esta desconexión entre lo que se enseña y lo que se demanda en el mercado laboral ha creado una generación de egresados con habilidades insuficientes y, sobre todo, poco preparados para enfrentar los retos laborales del siglo XXI.
La OIT identificó un desajuste en las competencias laborales de los jóvenes mexicanos: más del 50% de los profesionales contratados no cuenta con el perfil deseado por las empresas, debido a que existe un déficit de talento especializado. De hecho, México ocupa la posición 36 entre 38 países de la OCDE por el bajo desarrollo de habilidades de trabajo.
Es innegable que la proliferación de las llamadas "universidades patito" ha sido una consecuencia lamentable de esta situación. Estas instituciones, sin calidad ni rigurosidad académica, no forman futuros profesionales competentes, pues se erigen como fábricas de títulos sin valor, empañando la reputación de la educación superior en el país y desperdiciando el potencial de miles de estudiantes.
Como resultado de este panorama, las compañías enfrentan una crisis de talento. Los empleadores se encuentran con un grave problema al contratar recién egresados que carecen de habilidades para desempeñar sus funciones de manera efectiva.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se llevan la peor parte, pues son éstas las que sostienen 90% de la economía del país y, debido a la falta de talento capacitado, 34% cierra en el primer año de operaciones, mientras que 60% lo hace en el quinto año. Únicamente 10% se mantienen desde hace más de dos décadas en el mercado, según el Inegi.
La solución a esta crisis educativa requiere de una reforma audaz y profunda que aborde los problemas estructurales. El Estado debe asumir su responsabilidad y convertirse en el garante de oportunidades significativas y de calidad para todos los jóvenes. Pero, seamos sinceros, la transformación tardaría décadas y seguramente muy pocos estarían dispuestos a liderarla.
Así que una propuesta viable es que las universidades adopten el objetivo de certificar a sus estudiantes en estándares de competencias, las cuales cumplen con las necesidades que demanda el mercado laboral, ya sea por industria o por región. No son las mismas habilidades que requiere un recién egresado en la zona del Bajío, que se caracteriza por su naturaleza industrial, a uno que sale de la universidad en el sur del país, donde el entorno es más agrícola.
