El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el último Paquete Económico del gobierno del presidente López Obrador. El documento destaca por su orientación visiblemente presidencialista (y electoral), puesto que se atienden primordialmente los deseos y las prioridades del titular del Ejecutivo, incluido un llamativo énfasis en el endeudamiento como política para estimular mayor gasto.
Un presupuesto presidencialista
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El gobierno estima gastar poco más de nueve billones de pesos en 2024, de los cuales casi 20% provendrán de deuda. El gobierno federal justifica el mayor nivel de déficit en 30 años bajo las siguientes premisas:
1) se trata de una “compensación” por un menor nivel de endeudamiento al estimado en 2023;
2) la deuda total como proporción del PIB seguirá sin superar el 50%, por lo que el siguiente gobierno recibirá niveles razonables de endeudamiento; y
3) se trata de un evento de “una sola vez”, pues en 2024 —estima el gobierno—concluirán las tres obras insignia de la presente administración. Según el gobierno federal, en 2025 el gasto “regresará a sus niveles previos”.
Ganadores y perdedores
El presupuesto tiene claros ganadores y perdedores. Los tres grandes ganadores son las Fuerzas Armadas (encargadas hoy de decenas de actividades que previamente realizaban civiles), el gasto social, particularmente el programa de apoyo a Adultos Mayores, así como Pemex y CFE. Por el contrario, los perdedores son las entidades federativas, algunos organismos autónomos y las dependencias o los programas relacionados con medio ambiente, recursos naturales, educación y turismo.
A nivel desagregado, si nos enfocamos en los ramos que componen la administración pública federal, vemos que los grandes ganadores fueron las secretarías de Defensa Nacional y Marina, quienes juntas suman un monto de 331,000 millones de pesos (mdp). En dicho presupuesto se incluyen 120,000 mdp para al Tren Maya, con lo que la obra terminará costando 29,000 millones de dólares: más del triple de su costo original.
Los principales programas sociales, los cuales han redituado electoralmente al oficialismo, sumarán un monto de 624,000 mdp, principalmente por el aumento en la Pensión para Adultos Mayores cuyo presupuesto sumará 465,000 mdp, nueve veces superior al presupuesto que tenía en 2018. Dadas las tendencias demográficas que observa México, dicho programa, por si solo, presionará las finanzas públicas durante las próximas décadas.
Por último, Pemex, CFE y la Secretaría de Energía dispondrán de 1.3 billones de pesos para el próximo año (más de tres veces del presupuesto en Educación). Se destinarán más recursos a la refinería de Dos Bocas cuyo costo —hasta hoy— terminará siendo más del doble de lo originalmente previsto (18,000 millones de dólares frente a 8,000 previstos en 2019).
Por el lado de los perdedores, se observa una reducción del gasto en Educación, Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (-9 y -4%, respectivamente). Cabe señalar que, si bien se contempla un aumento de 3% para el Poder Judicial, es muy probable que, por consideraciones de orden político, esta cifra se vea modificada en las negociaciones de la Cámara de Diputados.
Otros perdedores en el Paquete Económico 2024 son los estados y municipios, lo que va en sintonía con la dinámica de centralización política y administrativa que el presidente ha impulsado desde el comienzo de su gestión. Se prevé una reducción en sus participaciones de -0.9% en 2024, mientras que las aportaciones correspondientes a los recursos etiquetados disminuirán -5.7% debido a una reducción en los ingresos petroleros.
Las dudas
A primera vista, la propuesta de presupuesto parece tener como principal objetivo ganar las siguientes elecciones, al elevar el gasto público de manera extraordinaria en pleno año electoral, sin importar las consecuencias para la siguiente administración. Se trata, en palabras del ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, de un presupuesto “poco amistoso” con el gobierno que sigue.
Gane quien gane la presidencia de México va a heredar las condiciones fiscales más comprometidas en una generación. Al llegar al poder en 2018, López Obrador recibió una reforma fiscal ya implementada (3.5 puntos porcentuales de ingresos superiores a los del 2012), una tendencia de la deuda a la baja, precios de los petrolíferos alineados a sus precios reales (con un enorme costo político de por medio), fideicomisos, fondos de estabilización por dos puntos porcentuales del PIB y presiones del gasto moderadas. Su sucesora no será tan afortunada.
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Nota del editor: Daniel García (@Dl_Garcia_) es consultor especializado en finanzas públicas y temas económicos en Integralia (@integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.