En el año 2010, Venezuela y Argentina fueron las dos naciones del mundo con el mayor número de arbitrajes en contra en el CIADI, donde uno de tres casos se había originado en América Latina.
Lo más curioso y peligroso de este mal son sus tiempos. A diferencia del desempleo o la inflación, que se reflejan inmediatamente, la sociedad no siente en su bolsillo el multimillonario costo de un arbitraje perdido hasta muchos años después de ocurrida la brecha contractual con el inversionista. Por ejemplo, entre 2008 y 2010, Hugo Chávez nacionalizó los activos de la minera canadiense Crystallex; sin embargo, fue solo en el año 2016 que la minera logró ganar su caso en contra de Venezuela, y apenas en el 2022, después de 14 años encontró una forma viable de recuperar lo que perdió.
La misma situación ocurre hoy en Argentina, donde algunos de los arbitrajes producto de la nacionalización de la petrolera YPF en 2012 se resolverán en los próximos meses, costándole a los argentinos cifras descomunales. Doce años y contando. O en Perú, en donde en 2021 la española Telefónica comenzó un caso de arbitraje por una disputa que se desenvolvió entre 1998 y 2021. Es decir, la resolución de ese conflicto ocurrirá más de dos décadas después.
¿La constante en estos dos casos? Primero, la brecha de más de una década entre la fecha del daño original a los inversionistas y su resultado. Segundo, los lideres del momento, Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner, ya no estaban en el poder para responder. Al final quienes pagan los platos rotos de este sistema son los ciudadanos, ya que cada centavo que es gastado en representación y pago de laudos es dinero que proviene de impuestos y que no se invierte en escuelas, hospitales ni carreteras.
Los arbitrajes ante las cortes internacionales son tanto un mecanismo de prevención como de protección a inversionistas. Ya que ninguna de las partes (el gobierno o el inversionista) quiere pagar laudos millonarios, dictados por árbitros en el exterior, se supone que hay un incentivo en ambas partes para comportarse bien. Pero entonces, ¿por qué están en aumento los arbitrajes en contra de gobiernos latinoamericanos?
