En estas semanas previas a las elecciones, cobra importancia el analizar la factibilidad de las propuestas que ha formulado cada una de las dos candidatas a la presidencia que puntean las encuestas. Como era de esperarse, ninguna de ellas plantea la posibilidad de implementar una reforma fiscal integral, pues ello se asocia a la posibilidad de perder electores. Sin embargo, la única forma de que sus promesas de campaña tengan viabilidad financiera, es si se incrementan los impuestos federales.
Las opciones que tienen a su disposición son variadas, no obstante, contrario a lo que muchos piensan, es posible hacer una reforma fiscal sin afectar a las personas que menos ganan en este país. Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se pueden eliminar las tasas fronterizas diferenciadas, que actualmente se encuentran en 8%, en lugar del 16% que se aplica en el resto del país. De acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su último documento de Renuncias Recaudatorias, al eliminar este subsidio nos ahorraríamos 0.39% del Producto Interno Bruto (PIB). No existe una justificación sólida para mantener estas tasas en la frontera, que únicamente causan una distorsión en los mercados, una pérdida de recaudación, e incrementan los montos de las devoluciones de IVA. Lo anterior hace que estas medidas sean perjudiciales.
Pasemos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Se podrían eliminar los subsidios a los combustibles, ya que benefician a los ciudadanos con mayores ingresos: el 50% de la población más pobre en México recibe únicamente 23% del subsidio, y el 50% con mayores ingresos reciben el 77% restante. Además, recordemos que en 2022, dicho subsidio nos costó prácticamente 400,000 millones de pesos (mdp), más de lo estimado originalmente por la SHCP, y en 2023 se estimó en 0.88% del PIB. Al eliminarlos se recuperaría aproximadamente un 1% adicional del PIB cada año.
Pero no solo a nivel federal se tienen que hacer ajustes para financiar las propuestas de campaña. Lo mismo ocurre en los estados y municipios, donde se elegirán más de 19,000 cargos y existen oportunidades para replantear el panorama fiscal. En ese sentido, los gobiernos subnacionales cuentan con herramientas que les permitirían incrementar notablemente los recursos de los que disponen, para no depender en demasía de las transferencias federales.
Por ejemplo, las entidades federativas pueden echar mano del Impuesto a la Tenencia. México es el país que menos recauda por este concepto, dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 0.218% del PIB (2021). En 2022, los estados que cobran tenencia y transparentan sus ingresos presupuestarios, recaudaron un estimado de 15,000 mdp, de acuerdo a sus propios informes. Si todos los estados homologaran su tabla para el cálculo del impuesto, y no lo subsidiaran, de acuerdo a estimaciones propias basadas en cifras del Instituto Nacional de Geografía (Inegi), hubieran cobrado 75,000 mdp, 5 veces más de lo que actualmente se recauda.
A su vez, los municipios tienen, en su mayoría, facultades para cobrar el impuesto predial. Aquellos que no lo cobran directamente es porque tienen convenios con su entidad federativa, como es el caso de la Ciudad de México. En este tema, mucho se ha hablado de la actualización de los catastros a valores de mercado como una solución, pero existe otra posibilidad que les permitiría multiplicar sus ingresos por este concepto.
Un caso que podría servir de ejemplo ocurre en Sinaloa, donde la Ley de Hacienda Municipal del Estado establece que los predios rústicos destinados a la producción agrícola, acuícola y ganadera, pagarán un impuesto predial del 1% del valor de la producción anual, y aquellos destinados a la producción porcícola y avícola, pagarán 0.5% del valor de su producción. En México, de acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (INFOSIAP), en 2022 el valor de la producción agrícola ascendió a 885,000 mdp; y el de la producción ganadera, a 949,000 mdp. Si en todo el país se les cobrara a los predios rústicos un porcentaje sobre el valor de su producción, los municipios dispondrían de una recaudación adicional cuantiosa.
Y aunque las opciones para incrementar la recaudación fiscal han sido muy comentadas por diversos especialistas, sobre todo en esta época de campañas, queda claro que para las personas candidatas hablar de impuestos no es cómodo ni popular, pero es necesario, pues sin una modificación en el ámbito fiscal, las promesas de campaña corren el riesgo de quedarse solo en eso: en promesas.
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Nota del editor: Jacques Stroobants es coordinador de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas. Síguelo en LinkedIn y/o en X(@EthosInnovacion). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
