En los últimos 20 años, la economía informal en México ha tenido un peso superior a 20% del PIB. De acuerdo con el último valor registrado, 24 de cada 100 pesos que México produce provienen del sector informal. Hasta 56 de cada 100 personas tienen empleos informales. Ello, desde luego, ha generado uno de los grandes pendientes por resolver en los terrenos laboral, social, económico y fiscal. ¿Qué repercusiones directas e indirectas tiene esta condición para México?
Informalidad laboral, ¿dónde está el problema?
La informalidad tiene efectos sobre la pobreza, pues al no proporcionar a los empleados las prestaciones de ley, la población ocupada presentará ciertas carencias sociales.
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Hablemos sobre las bases de la informalidad laboral, qué la genera en esas proporciones y a la vez la perpetúa. Una posible respuesta la ofrecen Daron Acemoglu y James A. Robinson, los recién galardonados con el Nobel de Economía, quienes sostienen que la debilidad de las instituciones en economías en vías de desarrollo presenta una mayor propensión a operar al margen de la ley, en escenarios de corrupción y de no respetar lo que dicta el Estado, justamente por la ausencia de fortaleza en esos órganos.
Esto significa que los árbitros y las propias reglas del juego han favorecido que la informalidad crezca y se reproduzca de manera acelerada en México. Sin embargo, la debilidad institucional que señalan los ganadores del Nobel se encuentra muy extendida por el mundo: en comparación con otros países latinoamericanos, México se encuentra a la mitad de la tabla, pues en Bolivia la informalidad laboral asciende a 84.5%, y en Perú a 71.6%, por ejemplo.
Hay que aclarar que debilidad institucional no significa falta de regulación… a menudo se trata de un exceso de ella o de una aplicación selectiva. En su último informe Doing Business, que mide la facilidad que tienen los países para que dentro de su territorio se generen empresas, el Banco Mundial ubica a México, en la posición 60 de un total de 190, estimando que el tiempo necesario para crear una empresa legalmente constituida en la formalidad en México, puede llevar hasta seis semanas.
Todo ello genera un marco normativo que incentiva la informalidad y, entre otras cosas, es lo que tiene en la actualidad a México inmerso en esa dinámica estructural. Abrir un negocio no es suficientemente sencillo, y pone al empresario en la alternativa entre asumir el costo y tiempo de una larga lista de trámites y falta de claridad regulatoria, o bien simplemente dar el paso para vivir en la “comodidad” de operar al margen de todo. La debilidad institucional implica también que frente a las instancias administrativas formales surgen organizaciones que imposibilitan cualquier supervisión o aplicación de la ley.
Tampoco perdamos de vista que muchos de los emprendimientos que se llevan a cabo en México se hacen por necesidad, de modo que no hay mucha planeación en ellos, y lo que no sobra es tiempo para realizar todos los trámites y obtener los permisos necesarios para emprender dentro del marco legal.
El círculo vicioso de la informalidad afecta al país en términos de competencia, recaudación fiscal y pobreza. Supongamos que usted decide, por urgencia de desempleo, vender tacos afuera de su casa. Lo hace sin ningún permiso de la larga lista requerida; el negocio empieza a ir un poco bien, de modo que contrata a un trabajador, con un salario bajo y ninguna prestación social.
El efecto en la competencia se da al crear a dos empresas a competir bajo modalidades distintas, a menudo una frente a la otra. Ello obliga al restaurantero formal a bajar sus costos al mínimo posible, afectando su crecimiento a futuro y cualquier posibilidad de innovación. En cuanto a la recaudación fiscal, la afectación es obvia, lo cual no sólo afecta las finanzas del Estado, también genera una falta de estímulos a la creación de nuevos negocios. Las tasas impositivas de ISR entre pequeños y grandes empresarios tienen muy poco diferencial, lo que dificulta el emprendimiento. México está en el quinto lugar en impuestos a empresas, entre los países de la OCDE. Finalmente, la informalidad tiene efectos sobre la pobreza, pues al no proporcionar a los empleados las prestaciones de ley, la población ocupada presentará ciertas carencias sociales, las cuales son parte del cálculo multidimensional de la pobreza.
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México no ha podido bajar su tasa de informalidad significativamente en las últimas décadas porque esperar que el crecimiento económico del país contribuya a disminuir la gravedad del problema es una postura equivocada. Antes bien, la informalidad está obstaculizando el crecimiento del país.
Si todo esto es cuestión de debilidad institucional, como postulan Acemoglu y Robinson, la prioridad es transformar nuestras instituciones, para evitar que sigan comportándose de forma extractiva, y se conviertan en facilitadores de la apertura de empresas. Esto implica necesariamente la reducción del costo y el tiempo para abrir negocios, pero también un mayor diferencial de tasas impositivas para fomentar el emprendimiento y el crecimiento de las empresas micro y pequeñas, donde sabemos que se encuentra la mayor parte del empleo en México.
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Nota del editor: Alfredo Valadez García es profesor en la Escuela de Administración y Negocios y miembro del Centro de Investigación Económica del Noroeste, en CETYS Universidad. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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