Ingresos insuficientes y fuertes presiones de gasto
En el paquete 2026 , el gobierno federal reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica al establecer niveles manejables de endeudamiento. No obstante, la trayectoria hacia la consolidación fiscal será más lenta de lo previsto: mientras hace un año se estimaba un déficit de -3.2% del PIB, ahora se proyecta en -4.1% para 2026. De esta forma, la administración de Sheinbaum busca preservar la confianza de los mercados financieros y de las agencias calificadoras, tras los excesos fiscales heredados de 2024.
En materia de ingresos, Hacienda estima ingresos por 8.7 billones (34% del PIB) que, frente a lo aprobado en 2025, luce realista. A diferencia de años previos, sin embargo, el gobierno propone elevar impuestos en algunos productos para cubrir sus necesidades de gasto. Entre ellos destacan los ajustes a la Ley Aduanera, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a bebidas azucaradas, cigarros, videojuegos y apuestas, así como cambios a las contribuciones que realizan los bancos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y aranceles a más de 1,400 mercancías de diversos sectores.
Por el lado del gasto, el gobierno deberá enfrentar crecientes presiones derivadas de un elevado servicio de la deuda, una inusual carga financiera de Pemex que el gobierno federal ha decidido absorber, mayores montos de gasto pensionario, así como la expansión de los programas sociales. En consecuencia, la mayoría de los rubros presentan modestos crecimientos y algunos, incluso, registran recortes significativos, lo que evidencia la estrategia de esta administración: privilegiar la política social a costa de otros sectores estratégicos.
Los apoyos sociales derivados de programas heredados de la administración anterior, junto con los impulsados por la presidenta Sheinbaum —como el Programa de Apoyo a Mujeres y la Beca Universal de Educación Básica—, alcanzarán 926,000 millones de pesos. La Pensión para Adultos Mayores llegará a 526,000 millones de pesos, una cifra nueve veces superior a la de 2018.
No obstante, el plan de austeridad se mantiene como sello de la administración, con ajustes generalizados para la mayoría de las secretarías y órganos autónomos.
En materia de infraestructura, si bien se proyecta un incremento de 10% en la inversión física —destinada a proyectos ferroviarios, carreteras y caminos—, ésta se mantiene por debajo de los niveles observados en 2018. Esto ocurre en un escenario en el que el gobierno federal plantea la ejecución de grandes obras de inversión, pero con un margen presupuestal cada vez más estrecho para atender las múltiples demandas del desarrollo nacional.
Implicaciones
Estas tendencias difícilmente cambiarán en lo que resta del sexenio, en tanto que las presiones de gasto se acentuarán por factores demográficos, a la vez que los ingresos crecerán tan sólo inercialmente mientras el gobierno mantenga su convicción de no llevar a cabo una reforma fiscal.
