Hoy, todo mundo parece haber alcanzado un consenso con relación al nivel de déficit público, el cual, está más acercado a una suposición, que al producto de un sesudo cálculo. Se dice que el déficit rondará el 4%, y, partir de ese dato, se suman o restan algunas décimas, pero la verdad es que la información sobre el pre-cierre hacendario del mes de agosto es incompleta. Parte de asunciones y conjeturas que se parecen más a un discurso político electoral, que a un diagnostico que nos dé con precisión un detalle sobre la efectiva condición de los pasivos, gastos y erogaciones del sector público, y, ya no digamos de los cada vez más exiguos ingresos oficiales. Lo que, si sabemos, es que difícilmente podrán sufragar el enorme asistencialismo heredado de la pasada administración.
Es claro que la elevación de impuestos, disfrazada de orientación del consumo, promete importantes aumentos recaudatorios, pero, a diferencia de la tributación ordinaria, se recarga en el consumo de bienes a los que, la imposición de gravámenes en el pasado siempre ha derivado en un profundo sesgo hacia el fomento del contrabando o a la comercialización ilegal. Esto es, a la generación de mercados negros. El ejemplo del cigarro es más que ilustrativo, Sí, gravarles siempre ha sido mala idea, ya que no sólo se mantienen vicios y conductas indeseadas en iguales niveles, sin una efectiva captación de ingresos adicionales, sino que, además, se fomenta su tráfico el irregular. En tanto las aduanas no muestren un significativo avance en el control de mercancías, la respuesta del consumidor apunta más hacia la búsqueda de mercados negros, que a una disposición al pago de gravámenes.
El hecho es que resulta esquizofrénico el apostar a un cambio de conducta en los consumidores, al tiempo de decir que los inaplazables gastos públicos se cubrirán con cargo a los severos tributos que se cobrarán por consumir los proscritos productos, dado que, de lograrse el publicitado objetivo, el consumo se reduciría, y con ello la recaudación, dejando al garete la cobertura del gasto oficial. Esa interacción entre la prohibición de la conducta gravada y la necesaria recaudación hace difícil la programación, dado que la pretensión es que esos ingresos no lleguen, esto es, que la población no los cubra. De lograrse el cometido, existirá un boquete en las finanzas gubernamentales, sin que exista ingreso que lo sustituya. Los impuestos de control no deben ser parte de la base impositiva necesaria para cubrir el gasto público. Ese tipo de ingreso debe mantenerse en una cuenta de control y no como parte de balanceo del paquete fiscal.
La información pública sobre el ejercicio de recursos públicos y su aplicación en programas oficiales presenta inconsistencias, no da una clara idea de su evolución y comportamiento, por lo que todo apunta a que seguirá creciendo el déficit en la sombra, sin que, además, tengamos elementos ciertos que permitan ponderar el impacto de los programas en la población objetivo, lo único claro, es que el dinero desaparece a gran velocidad.
Es lastimoso ver cómo se insiste en medir la deuda pública como un porcentaje del PIB, cuando ese referente en nuestro caso es completamente irrelevante, insustancial y nada revelador, ya que el ingreso federal, es su parte sustantiva, está comprometido, y no queda espacio para destinar dinero presupuestal al servicio de nueva deuda, habiendo caído el país en un vicio que existió en los años 70, esto es, a pedir prestado, para pagar intereses o pagar apariencias. Tal mecanismo no es rentable, y, por lo tanto, está alejado de los límites constitucionales. Así es, le guste a quien le guste, la capacidad de nuevo endeudamiento público es prácticamente 0.
Por lo pronto, no parece serio ni responsable el afirmar que el déficit disminuirá o se moderará ya que los gastos, lejos de disminuir, crecen, y no existe un derrotero creciente de los ingresos, no al menos con la propuesta fiscal en discusión en el Congreso. El autoengaño que propala la idea de que Petróleos Mexicano tiene solución, sólo consumirá recursos que debieran destinarse a actividades productivas y rentables. Tarde o temprano la subvención tendrá que detenerse, y entonces, se verá que lo que hoy se destina a su operación fue estéril. Es ya para anteayer la propuesta de liquidación ordenada, o quiebra controlada la que debiera estar en la mesa, ello mandaría un mensaje no sólo de responsabilidad, sino de conocimiento real y preciso de lo que pasa en la otrora entidad productiva.
Buena parte de los analistas hablan de un nivel de déficit deseado, porque estiman que, comenzar a mandar una señal negativa desde ahora, sólo ocasionaría un desanimo en la inversión y en la expectativa de hacer grandes negocios en el país. Han decidido ser sensibles a la preocupación de los dueños del medio en los que colaboran, y no estar entre quienes apuntan a la inviabilidad del modelo económico.
La venta de un segmento importante del capital de Banamex sólo dejó claro lo que tanto se dijo, tal enajenación haría sin un provecho fiscal de consideración, dando la puerta de salida a citi, al tiempo de dejar claro que no hubo “ganancia” y quizá, hasta existió una pérdida para el enajenante. Es decir, la segunda venta de Banamex fue libre de polvo y paja tributaria, como la primera. En ese tema, las autoridades son más iguales que iguales. Sí, son neo neoliberales.
Se ha manejado esa operación con gran hermetismo, y ello es así, porque hay datos que apuntan a que el precio pone en evidencia grandes contingencias en el balance, así como pesimismo respecto a la evolución próxima de la cobranza.
