En Davos 2026 se repitieron muchas palabras, pero una idea marcó el tono: el poder económico se está midiendo cada vez más como poder industrial. Inteligencia artificial, defensa avanzada, manufactura de alta tecnología, grandes infraestructuras físicas. Todo apunta a la misma pregunta: quién va a controlar la base productiva que sostiene ese sistema en la próxima década.
Dentro de ese marco, la delegación de Estados Unidos fue muy clara. El eje de su mensaje fue reconstruir una base industrial propia, capaz de producir lo que considera estratégico para su seguridad y su competitividad. Incluye plantas y empleos, pero también insumos. Ahí entran los minerales, la base material sobre la que se apoya esta estrategia de seguridad industrial.
El discurso de los representantes estadounidenses, incluido el presidente Trump, puede leerse en tres líneas continuas. Primero, seguridad nacional entendida como seguridad industrial: la defensa, la tecnología y el empleo dependen de tener capacidades productivas en casa o en territorio aliado. Segundo, una reorganización de las cadenas de suministro, acercando producción, reforzando acuerdos y construyendo un círculo de socios confiables. Tercero, un paso decidido de las declaraciones a los proyectos: nombres de plantas, montos de inversión, incentivos concretos y listas de productos estratégicos.
Con ese encuadre, los materiales dejan de ser un asunto sectorial y pasan a formar parte de la infraestructura que sostiene este giro industrial. El ejemplo más claro de esa lógica es el proyecto de Korea Zinc en Tennessee. Es una decisión de poner miles de millones de dólares en una planta de procesamiento de metales pensada para producir zinc, plomo y otros minerales relevantes para la industria y la defensa. El esquema de financiamiento incorpora de forma directa al sector público estadounidense y el diseño apunta a que una parte relevante de esos metales se procese dentro del territorio de Estados Unidos.
Y ahí emerge México. Los análisis del propio proyecto anticipan que el abastecimiento de concentrados no será sólo doméstico, sino del conjunto de Norteamérica, con México incluido dentro de la arquitectura de seguridad industrial estadounidense como proveedor de insumos clave. El país llega a este punto con una base minera sólida. Es líder mundial en plata y productor importante de oro, cobre y zinc. Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y otros estados concentran operaciones con infraestructura, proveedores y capital humano especializados. Una parte significativa de esa producción ya alimenta cadenas industriales vinculadas a Estados Unidos, de forma directa o indirecta.
Esa realidad coincide además con un momento en que el país está ajustando su propio marco interno. La reforma minera reciente redefinió concesiones, elevó las exigencias ambientales y de agua, incorporó con más fuerza la participación de comunidades y reservó al Estado la exploración de ciertas áreas. La discusión sobre minería hoy incluye territorio, legitimidad y modelo de desarrollo, junto con los temas técnicos y fiscales. El resultado es un momento particular: México está en el mapa de Estados Unidos y, al mismo tiempo, está redefiniendo cómo quiere que funcione su sector.
En otras jurisdicciones que atraviesan discusiones similares, estos cambios se han acompañado de señales claras hacia la inversión que cumple con los nuevos estándares. Estados Unidos, por ejemplo, ha articulado mayores exigencias de contenido local con incentivos y financiamiento público a proyectos de minerales estratégicos. A través del CHIPS and Science Act, el gobierno federal ha respaldado el complejo de metales críticos de Korea Zinc en Tennessee. Canadá ha reforzado su marco para minerales críticos al tiempo que ofrece instrumentos como el Critical Mineral Exploration Tax Credit (CMETC) para la exploración, y esquemas de coordinación tipo One Project, One Process en Ontario, que concentran en una sola ruta los permisos de proyectos prioritarios como PAK Lithium. Australia, por su parte, ha utilizado mecanismos como el Junior Minerals Exploration Incentive (JMEI) para compartir el riesgo de exploración con los inversionistas y sostener un flujo constante de nuevos proyectos. México podría explorar fórmulas de este tipo en su propio contexto, de modo que la actualización de su marco interno vaya de la mano con una agenda de incentivos y coordinación bien diseñada para la minería y el procesamiento responsables.
Visto en perspectiva, este momento se puede leer desde lo que llamamos Minería Geopolítica. La relación minera entre México y Estados Unidos va más allá de lo industrial; está definida por una política minera en la que importan la velocidad con la que avanzan los proyectos, la calidad de los acuerdos, el lugar que ocupa el país en la cadena de valor, la capacidad de sus instituciones para dar certeza y la narrativa con la que se explica todo esto hacia dentro y hacia fuera. Observar con este enfoque permite situar a México dentro de la arquitectura industrial de Norteamérica y entender el lugar que puede ocupar en ella.
Davos 2026 dejó sobre la mesa preguntas muy concretas: qué producir, dónde, con qué insumos y con qué socios. Estados Unidos ya está empezando a responderlas con políticas, incentivos y proyectos específicos, e incluye a México en ese ejercicio. México tiene recursos, experiencia minera y una posición clave en la región.
Este es el punto de partida que abre un conjunto de conversaciones que México podría profundizar. Una de ellas pasa por cómo explicarle a la sociedad el lugar que ocupan hoy los minerales en la base material de la vida cotidiana (energía, vivienda, tecnología, infraestructura, medicina, educación, etc.). Otra conversación tiene que ver con la velocidad institucional: observar si los tiempos de permisos, coordinación y ejecución acompañan las metas de desarrollo interno y, al mismo tiempo, el ritmo al que se está moviendo la agenda industrial mundial. Una tercera línea es explorar qué tipo de minería quiere el país para las próximas décadas y qué condiciones considera razonables para sostener una relación de largo plazo con Estados Unidos en este terreno.
En este contexto, tiene sentido reformular la pregunta con la que abrimos este artículo: ¿Está México preparado para ser el socio minero de Estados Unidos en su nuevo giro industrial, y en qué condiciones quiere asumir ese papel en el contexto de la Minería Geopolítica?
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Nota del editor: Marta Rivera y Eduardo Zamanillo son autores de La Minería ha Muerto. Larga Vida a la Minería Geopolítica: Por qué los Minerales Críticos y el Poder Estratégico Definirán el Nuevo Orden Global. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a los autores.
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