Existe una regla que aplica por igual para una familia, una empresa y un país: ningún presupuesto puede crecer indefinidamente si los ingresos dejan de hacerlo al mismo ritmo.
La diferencia es que los gobiernos suelen tardar más tiempo en percibir ese límite. Pueden financiar déficits, recurrir al endeudamiento, reasignar partidas o posponer decisiones difíciles. Pero las matemáticas fiscales siempre, invariablemente, terminan imponiéndose.
Hacienda dejará de recaudar cerca de 1.7 billones de pesos, y todo apunta justamente hacia esa dirección. La desaceleración económica comienza a reflejarse en los ingresos públicos al mismo tiempo que el país enfrenta una presión creciente sobre el gasto. La combinación merece más atención de la que ha recibido, no porque anuncie una crisis inminente, sino porque revela un cambio de etapa para las finanzas públicas mexicanas.
Durante los últimos años la discusión económica se concentró en variables como la inflación, las tasas de interés o el déficit fiscal. Todas siguen siendo relevantes, sin embargo, estamos ahora ante el urgente desafío de sostener un Estado con responsabilidades cada vez mayores sobre una economía que avanza con menor dinamismo.
Ese es, desde mi perspectiva, el verdadero fondo del debate.
Cuando una economía pierde velocidad, el impacto no se limita al crecimiento del PIB. También reduce el ritmo al que aumentan la inversión, el consumo, la generación de empleo formal y, naturalmente, la recaudación tributaria. Mientras tanto, buena parte del gasto público continúa creciendo porque responde a compromisos que no pueden reducirse con la misma facilidad.
Las pensiones siguen aumentando por razones demográficas; el costo financiero de la deuda depende de condiciones que el gobierno no controla por completo; los programas sociales generan obligaciones permanentes. A ello se suman salud, seguridad, educación y las inversiones estratégicas que cualquier administración debe considerar prioritarias.
El resultado es una presión silenciosa, pero constante.
Aquí conviene hacer una precisión importante. No se trata de discutir si el gasto público debe aumentar o disminuir. Esa es una conversación legítima, pero distinta. El punto central consiste en preguntarnos ¿cuánto tiempo puede sostenerse un determinado nivel de gasto cuando la economía comienza a crecer por debajo de lo esperado?
En términos financieros, creo que esa diferencia modifica por completo la ecuación.
Las empresas conocen muy bien este fenómeno. Cuando las ventas dejan de crecer, el problema no aparece de inmediato. Primero se reducen los márgenes, después aumenta la presión sobre el flujo de efectivo y más adelante comienzan los ajustes. Las finanzas públicas operan bajo una lógica similar, aunque en una escala mucho mayor y con tiempos distintos.
Por eso considero que la recaudación no debe analizarse únicamente como un indicador tributario. También funciona como un termómetro de la capacidad que tiene la economía para sostener las obligaciones del Estado en el mediano plazo.
Existe además otro elemento que suele pasar desapercibido. Durante años, México construyó una reputación internacional basada en disciplina macroeconómica, estabilidad monetaria y prudencia en el manejo de la deuda. Esa credibilidad no solamente beneficia a los mercados financieros; también determina el costo al que el país puede financiar proyectos de infraestructura, inversión pública y desarrollo.
Y conservar ese activo exige que la economía genere suficiente riqueza para respaldar las decisiones presupuestales.
En ese sentido, el crecimiento económico deja de ser únicamente una meta de política pública y se convierte en un componente esencial de la sostenibilidad fiscal.
Por eso me parece que la conversación no debería centrarse exclusivamente en si México necesita recaudar más o gastar menos. Esa dicotomía simplifica un problema mucho más complejo. Creo que el asunto es acelerar la capacidad productiva del país para que las finanzas públicas descansen sobre una economía más dinámica y no únicamente sobre mayores esfuerzos recaudatorios.
La experiencia internacional demuestra que las cuentas públicas más sólidas no pertenecen necesariamente a los países que cobran más impuestos. Pertenecen, en muchos casos, a las economías que logran crecer de manera consistente durante largos periodos, ampliando su base productiva, su inversión y su empleo formal.
México todavía tiene margen para hacerlo. Cuenta con una posición geográfica privilegiada, integración comercial, capacidad manufacturera y oportunidades derivadas de la reorganización de las cadenas globales de suministro. Pero esas ventajas necesitan traducirse en mayor productividad, más inversión y crecimiento sostenido. De otra manera, el presupuesto seguirá enfrentando una presión creciente sin que la economía aporte el mismo ritmo de ingresos.
Las finanzas públicas rara vez enfrentan dificultades por un solo acontecimiento. Se tensionan cuando, durante demasiado tiempo, el gasto avanza más rápido que la economía encargada de financiarlo.
Ese, me parece, es el verdadero desafío que México empieza a enfrentar. No es un problema de contabilidad gubernamental, sino un reto de sostenibilidad económica. Y mientras más pronto se entienda así, mayor será el margen para enfrentarlo con inteligencia.
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Nota del editor: Manuel Herrejón Suárez (síguelo en X como @ManuelHerrejonS) es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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