Ideas para restar dinero a partidos ganan adeptos, pero también prenden alarmas

Los efectos de los sismos de septiembre en México desataron entre los partidos una ‘fiebre’ de propuestas para reducir el costo de la política, mismas que ya prendieron las alarmas entre analistas.

La emergencia de ayudar a las personas damnificadas y la necesidad de reconstruir las áreas que fueron devastadas hicieron surgir iniciativas calificadas por expertos y exfuncionarios de alto nivel consultados por Expansión como “una carrera de irresponsabilidades”, tales como dar cero financiamiento público para los partidos y eliminar a los legisladores plurinominales, con el fin de enfocar los recursos hacia los afectados.

“Podemos aprovechar la coyuntura de enojo y presión en la cual los partidos están metidos para tratar de forzar que se haga una solución inteligente; como hemos visto, no hay posturas inteligentes porque prevalece la demagogia”, dijo en entrevista el exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia.

El PRI ya presentó sus iniciativas para renunciar a los recursos que se le presupuestaron para este año y el siguiente —cuando se celebrará el mayor proceso electoral de la historia de México, incluida la renovación de la Presidencia de la República—, eliminar el financiamiento público, y también eliminar a los senadores y diputados federales y locales por el principio plurinominal. El frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano también ha propuesto que los partidos solo cuenten con dinero privado, y además demandan que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto implemente un plan de austeridad —en esto último coinciden con Morena.

De acuerdo con los cálculos del tricolor, con su paquete de iniciativas se podrían ahorrar casi 20,000 millones de pesos, mientras que el Frente estima que con sus propuestas se destinarían 60,000 millones, y Morena insiste en un plan de recortes que llevaría —según sus cuentas— a dejar de gastar 300,000 millones de pesos. El presidente Peña Nieto informó este miércoles que las revisiones aún preliminares revelan necesidades por cerca de 37,500 millones de pesos.

El “teletón electoral” —como lo llamó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova— comenzó con los anuncios de “donaciones” por parte de las cúpulas de los diferentes partidos, a los cuales pronto se sumaron ciertos porcentajes del financiamiento público que estos reciben para su sostenimiento ordinario.

Los partidos anunciaron estos gestos pese a que tienen compromisos financieros como las nóminas de sus burocracias, créditos y las multas que las autoridades electorales les imponen por prácticas indebidas.

Pero lo que terminó por levantar las cejas de los observadores políticos fue el que los líderes partidistas —siempre en competencia— continuaron la escalada de ofertas hasta plantear el no volver a ejercer un solo peso del presupuesto federal y la eliminación de los legisladores plurinominales, introducidos al sistema político mexicano desde hace 40 años para aumentar la pluralidad en las cámaras.

“Queremos políticos más sensibles, empáticos, que se pongan en el lugar del ciudadano. Ahorita estamos justo en el juego de la rebatinga , ¿quién ofrece más? Empezaron ofreciendo el 20% del financiamiento, luego el 50%, luego el 100%, luego el 100% más los plurinominales... el siguiente, ¿va a regalar unos viajes a la playa para que se nos olvide que hubo un sismo?”, ironizó el director de la consultora Strategia Electoral, Arturo Espinosa Silis.

Los especialistas coincidieron en que el monto destinado a los partidos y sus campañas electorales ha crecido demasiado y debe ajustarse a niveles razonables, y que también se debe incentivar un acercamiento con los ciudadanos que propicie que estos realicen aportaciones, pero advierten que privarlos de financiamiento público, lejos de ser una solución, aumentaría los riesgos ante el dinero proveniente de actividades ilícitas y de desvío de recursos provenientes de los gobiernos.

“El principal beneficiario son los partidos en el gobierno porque ellos tienen el erario, los partidos de oposición no; y en segundo lugar, quien tenga más dinero tiene más voz; entonces, los empresarios y el crimen organizado tienen más voz”, comentó el director de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Aparicio.

Estos y otros temas, agregaron los especialistas, deben considerarse en una agenda hacia una reforma a profundidad que corrija algunos aspectos del actual modelo político-electoral, pero pidieron un debate suficiente y no improvisar legislaciones al calor del sentido de urgencia originado por el desastre natural.

“Si, ante una tragedia como fue el temblor, la reacción de la ciudadanía es de una rabia tan potente para voltear y decir que lo primero que hay que hacer es quitar el dinero a los partidos, es porque estamos en los albores de una crisis de la democracia muy profunda, no solamente de legitimidad y las dificultades que estamos viviendo, sino de una rabia, un hartazgo , una insatisfacción profunda que se tiene que atender con una reforma profunda. Hay que entrarle”, señaló el exsecretario de Gobernación Alejandro Poiré, actualmente decano de la Escuela de Ciencia Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

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"Financiamiento gigantesco"

Analistas aclararon que, pese a estos argumentos contra la desaparición del financiamiento público para los partidos, la cantidad de recursos que se les destina de manera ordinaria y para tareas de atracción del voto es excesiva.

Poiré afirmó que el actual esquema “es la peor inversión pública de la historia de México”, pues conjunta un “financiamiento público gigantesco” con “fenómenos de corrupción exacerbada” , como el uso de facturas falsas o el compromiso de obra pública o de contrataciones a sobrecosto.

“Ese dinero público ni siquiera es el que verdaderamente se está utilizando para definir una mejor representación de la ciudadanía, está yendo a parar ilegalmente a las manos de los medios de comunicación, de movilizadores profesionales, contratistas, staff”, abundó el colaborador del gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Estimaciones manifestadas por Ugalde cifran en hasta 80% el nivel de aportaciones ilegales en las campañas electorales, vía dinero proveniente de actividades ilícitas o desvío de recursos públicos, empleadas para la compra de voto y la movilización de votantes.

¿Cómo sí?

Ante ello, Ugalde propuso disminuir el financiamiento público de manera gradual entre 30% y 50%, y a la vez impulsar que los partidos exploren mecanismos para hacerse de recursos entre sus militantes y simpatizantes.

Los expertos consultados coincidieron en que esta medida ayudaría a que los partidos se esfuercen en acercarse a la gente más allá de la búsqueda del voto.

“Que los partidos estén obligados a acercarse a la ciudadanía para generar vínculos con ella”, explicó Espinosa Silis, y añadió que comenzar con que el gasto ordinario dependa del financiamiento de su militancia podría ser un comienzo.

Poiré se pronunció por abrir los márgenes permitidos de contribución para particulares, con el fin de evitar que se den “en un mercado negro de cash”, como ocurre actualmente, y para ello planteó opciones como armar bases amplias de contribuyentes reguladas y transparentes, a través de donaciones vía telefónica o cajeros automáticos.

“Así se financiaba el PAN en los 80, con rifas en los zócalos de las capitales, y así pidió la campaña de Andrés Manuel López Obrador poder financiarse de cara a la elección de 2006”, indicó.

Ugalde puso sobre la mesa la posibilidad de permitir contribuciones de parte de empresas mercantiles, lo cual actualmente está prohibido para evitar que legisladores y gobernantes lleguen a sus puestos con conflictos de intereses y otros posibles actos de corrupción.

“Se prohibió la donación de empresas mercantiles considerando que iban a generar una dependencia de los partidos frente a intereses comerciales. El problema es que eso ya está ocurriendo (...) pero como está prohibido por la ley, se usan mecanismos de defraudación fiscal y lavado de dinero”, abundó el director de Integralia.