Se trata de una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, con el pretendido objeto de establecer un mecanismo por el que los fabricantes o importadores de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de sus obras conocidas o por conocerse “paguen” una cuota, cuyo monto variará según el tipo de dispositivo de que se trate.
De aprobarse esta propuesta, por la fabricación o importación de cualquier celular o teléfono móvil, tableta, computadora, consola de videojuegos, unidades de disco duro externo, unidades de memoria tipo USB, etc., los senadores pretenden que los fabricantes o importadores de los mismos paguen y absorban como parte de sus costos la nueva contribución llamada remuneración compensatoria.
“La idea de imponer a los mexicanos una carga económica basada en una conceptualización del consumo de contenidos audiovisuales obsoleta, resulta inadmisible, porque provoca efectos negativos sobre el bienestar de los hogares y se traduce en un nuevo obstáculo para el objetivo de impulsar la conectividad en nuestro país”, señaló el organismo.
Implicaciones Económicas de la iniciativa
En este sentido, la iniciativa incide negativamente en la brecha digital, ya que impacta en los dispositivos que habilitan el acceso a la conectividad, ya que, al establecer gravámenes sobre estos equipos, se priva a un gran número de individuos de acceder a tecnologías, un derecho consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con IDET, los consumidores en México tendrán que pagar, en su conjunto, entre 3,800 y 5,600 millones de pesos (mmp) anuales más por el sobreprecio que generará el canon por la adquisición de smartphones.
Además, cabe destacar que a diferencia de lo que sucedía cuando los usuarios tenían copias VHS o CD’s, el contenido que actualmente se consume tiene acuerdos comerciales y de derechos de autor en la escala digital, con empresas como Netflix o Spotify como los distribuidores, lo que no deja en claro el monto que se podría cobrar por equipo electrónico.