Desde la perspectiva de Castillo, las autoridades no solo han ignorado la voz de quienes trabajan bajo esta modalidad, sino que además han centrado la conversación en la Ciudad de México y en los socios repartidores, dejando de lado a las personas que trabajan fuera de la demarcación y a los conductores, quienes también resultarían impactados por la reforma.
Tanto conductores como repartidores han expresado que están a favor de la implementación de la seguridad social siempre y cuando mantenga los esquemas de flexibilidad con los que actualmente cuentan y se maneje como una alternativa y no una imposición.
La Encuesta Nacional de Socios Conductores y Repartidores de Aplicaciones en México, realizada por Quadrant Strategies, destaca que 85% de los socios prefieren ser trabajadores independientes (en oposición a ser empleados y estar sujetos a un horario fijo) y que 90% prefieren la flexibilidad que las plataformas ofrecen para tener el control total de sus horarios, por encima de otros beneficios.
Castillo explica que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no puede ser adoptada por todos, pues para muchos el trabajo en plataformas es un ingreso extra, no el único. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Viajes Compartidos y Conductores de reparto en México, seis de cada 10 conductores tienen otra responsabilidad en su vida, como otro trabajo, educación o labores de cuidado.
“Sin demeritar el tema (de los repartidores), nos sentimos ignorados. No es la misma problemática la de un repartidor, ni las mismas necesidades u obligaciones que las de un conductor”, comentó Castillo.
De acuerdo con el conductor, además de la naturaleza del trabajo, otra diferencia significativa es la inversión que hacen en sus unidades de trabajo, en este caso automóviles.
Castillo apunta un gasto promedio es de 300,000 pesos para un auto nuevo; así como los seguros que deben incluir en su cobertura daños a terceros y lesiones personales -el precio puede variar dependiendo del vehículo- pero en el caso de Castillo refiere que paga 32,000 pesos al año, además de un mayor consumo de gasolina, mantenimiento, entre otros gastos.
También señala que el ritmo de trabajo y condiciones cambian en otros estados, por lo que sería necesario abrir mesas de diálogo en todas las demarcaciones en las que operan taxis por aplicación a fin de se contemplen las distintas realidades
