Casinos en línea: un mercado millonario sin regulación sólida

Datos de Jumio, plataforma de verificación de identidad y autenticación biométrica, estiman que el juego en línea en Latinoamérica se cuadruplicará y alcanzará los 6,700 millones de dólares para 2027. La perspectiva es que la región represente el mayor potencial de crecimiento para las apuestas en línea en el mundo gracias a la masificación de internet y a la facilidad de apostar desde cualquier dispositivo.

Sin embargo, este crecimiento llega acompañado de un acelerado aumento de fraude digital, una regulación que avanza lentamente y una presencia considerable de operadores que funcionan sin licencia.

El mercado mexicano está regulado bajo la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Cualquier plataforma de apuestas en línea debe estar vinculada a una licencia física que otorga la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS). Es la Segob quien supervisa, audita, sanciona y dicta estándares de juego responsable.

Pero en la práctica -dice Galloway- es una ley antigua y no corresponde al ecosistema digital actual. Además, el modelo de licencias intermediarias crea espacios donde operan plataformas sin permiso directo, lo que hace que la operación digital crezca rápido pero con vacíos importantes, especialmente frente a plataformas que operan desde el extranjero.

Mercado con gran potencial, pero también con riesgo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha puesto atención en este frente, pues recientemente bloqueó el acceso a 13 casinos físicos y online como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. El objetivo, según explicó la autoridad, es frenar plataformas que operan sin autorización o que abusan del uso de licencias prestadas.

Los estudios y cifras disponibles “sugieren que hasta 50% del gasto en apuestas en línea en México va a plataformas que no están licenciadas”, explica Galloway. “Es un número imposible de verificar con exactitud, pero refleja lo difícil que es para cualquier país bloquear operadores ilícitos. Es un trabajo 24/7”.

El informe Estado de la Verificación de identidad en iGaming 2025 de Sumsub revela que Latinoamérica es la región con mayor crecimiento de fraude dentro del sector: 31.8% en el último año.

México destaca por un nivel de fraude que duplica el promedio global, con 3% contra 1.4%.

Todo ocurre en un contexto en que la inteligencia artificial se convirtió en un arma doble. El 78% de los operadores detectó un aumento en documentos falsos generados por IA y los deepfakes aumentaron 700% en el primer trimestre de 2025.

Pero más allá de la tecnología, la falta de supervisión robusta permite que esquemas tradicionales también ganen terreno. Entre los más comunes están:

*Abuso de bonos y promociones: operadores ilegales atraen usuarios con bonos agresivos que, al no estar regulados, se convierten en puerta de entrada a prácticas fraudulentas y en pérdidas para los jugadores.

*Cuentas múltiples y robo de identidad: identidades falsas creadas o adquiridas en filtraciones se usan para manipular promociones, apuestas y retiros.

*Adquisición de cuentas legítimas: delincuentes aprovechan el robo de credenciales para ingresar a cuentas reales y hacer apuestas o retiros no autorizados.

*Fraude en pagos: tarjetas robadas, devoluciones de cargo y manipulación de transacciones con VPN para ocultar ubicación.

*Uso de plataformas ilegales para lavado de dinero: sitios sin licencia que permiten mover fondos sin controles AML ni vigilancia transaccional.

Hay que afinar el marco regulatorio

Desde la perspectiva de Galloway, lo que hace falta es adoptar tecnologías más robustas, verificación más estricta y una regulación más efectiva.

En la región Brasil se convirtió en el caso más emblemático, pues desde enero de 2025 cuenta con un marco regulatorio que exige una verificación biométrica obligatoria, certificaciones de seguridad como ISO 27001, requisitos estrictos de AML y multas para operadores que incumplan.

México continúa operando bajo un esquema híbrido que depende de licencias físicas y que arrastra una ley promulgada en 1947. Esta normativa no contempla explícitamente apuestas por internet, por lo que las plataformas digitales solo pueden operar como una extensión de licencia física otorgada a un casino presencial.

Esto implica que los permisos en línea no se asignan directamente a cada operador digital, sino a los permisionarios que cobijan múltiples plataformas. Esto ha ocasionado que, por ejemplo, operadores extranjeros puedan adherirse a licencias intermediarias y funcionar sin pasar por una evaluación directa de la autoridad.

La diferencia entre México y Brasil es que el primero depende de pericos presenciales adaptados al entorno digital, mientras que el segundo construyó un ecosistema pensado para internet.

Hay iniciativas para regular este mercado, como la del diputado Ricardo Mejía, que plantea sustituir dicha ley por una nueva legislación y crear un Instituto Nacional de Juegos y Sorteos.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma para modernizar la regulación de casinos y plataformas en línea en la que trabajan la UIF, la Secretaría de Hacienda y la Segob, pero el país aún no ha dado el salto a un marco moderno comparable al brasileño.

Esta brecha regulatoria, coincide Galloway, es lo que permite que operadores ilegales mantengan una presencia significativa en el mercado mexicano.