El siguiente componente son las credenciales reutilizables, una persona obtiene una credencial que puede utilizar en diferentes servicios y decide cuándo mostrarla. La organización que la recibe comprueba la información necesaria, pero no necesariamente conserva todos los datos que hay detrás de ella.
“Necesitamos usar credenciales reutilizables, que el usuario pueda abrir la puerta, tú las veas cerrar la puerta, se acabó el asunto”, explica Alonso.
La tercera pieza es la descentralización. En este modelo, las pruebas no tendrían que existir en una única base centralizada. Así, un eventual ataque a uno de los componentes no necesariamente expondría toda la identidad de una persona.
La idea coincide con una tendencia que Ditto también ha planteado públicamente: pasar de recopilar y reutilizar grandes cantidades de información personal a demostrar únicamente los atributos necesarios en cada interacción.
México tiene que resolver primero quién controla la identidad
El gobierno plantea la CURP biométrica como una identificación única y verificable, mientras que la vinculación de líneas telefónicas ya relaciona números celulares con la identidad de sus titulares. La propia CRT señala que el registro telefónico busca que cada línea esté asociada con una persona y que las empresas son responsables de proteger la información.
R3D, sin embargo, ha advertido que el problema no termina en quién almacena los datos. La organización cuestiona la falta de salvaguardas suficientes para controlar el acceso de autoridades y señala el riesgo de que distintas bases públicas y privadas puedan cruzarse, lo que permitiría inferir actividades y rutinas de las personas. También ha advertido que las bases de datos asociadas con las líneas telefónicas pueden convertirse en objetivos atractivos para ciberdelincuentes.
Hay otro problema que México tendrá que resolver: que una identidad digital funcione para quienes no tienen las mismas condiciones de acceso a la tecnología.
Alonso advierte que una arquitectura sofisticada puede funcionar muy bien para una persona acostumbrada a utilizar aplicaciones y servicios digitales, pero convertirse en una barrera para adultos mayores o comunidades con conectividad limitada.
Por eso, Alonso sostiene que México sí necesita avanzar hacia una plataforma biométrica de identidad, pero advierte que debe diseñarse a partir de las condiciones locales.
“No estoy diciendo que México no deba de hacer esto, de hecho tiene que moverse lo más rápido”, afirma.
La transformación que plantea Alonso no implica eliminar la identidad digital, sino cambiar la manera de utilizarla. En lugar de que un banco, una plataforma o una institución necesite conservar una copia cada vez más completa de la identidad de una persona, el usuario podría contar con credenciales que le permitan demostrar atributos concretos y reutilizarlos en distintos servicios.
La consecuencia, según su visión, sería un cambio profundo en el valor que las instituciones asignan a los datos personales. Lo que hoy se considera un activo podría convertirse en una responsabilidad.
“Vamos a pasar de creer que los datos personales son lo más importante que tiene un banco, a darnos cuenta que es el riesgo más alto que tiene un banco o una institución”, sostiene.
No es una transición inmediata ni está exenta de riesgos. El propio ejecutivo reconoce que los modelos descentralizados requieren confianza en las instituciones que emiten y validan las credenciales y que todavía existen preguntas sobre cómo funcionarán en distintos países.
Pero la discusión que México enfrenta ahora puede resumirse en una pregunta más sencilla: ¿para demostrar que una persona es quien dice ser realmente necesitamos conocer cada vez más cosas sobre ella? Para Alonso, la respuesta apunta en la dirección contraria.
