La suspensión de actividades esenciales ha bajado la cortina de muchos negocios, dejándolos sin liquidez suficiente para mantener sus operaciones. Y no pocos han optado por despedir personal. Según una encuesta elaborada por Concamin hecha pública la semana pasada, 40% de las compañías participantes en el sondeo reconoció que había tenido que recortar su plantilla.
El caso de Marcela es uno de los tantos que se han presentado desde que el cese temporal de operaciones por el COVID-19 inició. La joven, que pidió no citar su nombre completo, trabajó durante más de cuatro años como coordinadora de relaciones públicas en una agencia hasta que un día le informaron que debía entregar su equipo de trabajo y firmar su renuncia. Desde Recursos Humanos le argumentaron que mantenía negocios alternos con un cliente de la firma, una situación que ella niega.
"De la liquidación me dijeron que debía firmar una hoja donde yo dijera que me había ido voluntariamente y que no se me adeudaba algo. No la firmé en ese momento porque ellos me habían despedido, me insistían en que eran protocolos, que necesitaba firmarlo. Yo comenté que no hasta que se hiciera el cambio... Había laborado cuatro años y que me correspondía liquidación, pero me dijeron que no porque ya me habían pagado todos esos años y que a lo mucho me darían aguinaldo y vacaciones", comenta.
Ya pasó un mes y Marcela no ha recibido la liquidación que le corresponde. El documento que firmó también le prohibía hablar de la empresa o interponer una demanda. Asegura que esperará el pago hasta que las actividades en instancias gubernamentales retomen actividades normales, pero si el problema continúa emprenderá acción legal.
Su caso no es único. La Procuraduría Federal de Protección al Trabajo (Profedet) habilitó un portal para que quienes han visto vulneradas sus relaciones laborales -por despido injustificado o cambio en condiciones de forma unilateral- pueden alzar la voz y pedir asesoría.
La emergencia sanitaria no es motivo para que los patrones terminen las relaciones de trabajo. Sin declaratoria de contingencia sanitaria, el despido se considera injustificado. La ley marca que deben pagarse las indemnizaciones completas o llegar a un acuerdo mutuo, explica Hugo Hernández-Ojeda, socio de la firma de abogados Hogan Lovells.
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"Si un trabajador siente vulnerados sus derechos, debe acudir a la Profedet para presentar su queja y que le den trámite... Seguramente se citará a las partes para llegar a un acuerdo y, si no lo logran, se inicia un procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde se desahogan las pruebas", comenta el abogado.
En este juicio, las autoridades brindan el servicio de asesoría legal de forma gratuita, pero el trabajador también puede utilizar los servicios de abogados particulares, con pago de su bolsillo. El proceso de resolución requiere tiempo, afirma el abogado: en el mejor de los casos, un mínimo de año y medio.
"En muchas ocasiones, los patrones llegan a un acuerdo con los colaboradores para dar por concluida la relación de trabajo por la necesidad económica de la persona, para evitar juicios largos o simplemente darle la vuelta a la página y tomar un nuevo empleo", dice.
Mariano, quien también pidió mantener el anonimato, trabajaba como creador de contenido, pero al inicio del confinamiento la empresa redujo a la mitad su sueldo, le cambiaron el puesto y al final fue despedido. Todo en menos de tres días. Su jefa argumentó que se trataba de una decisión estratégica de presupuesto. "Me avisó que tenía hasta las 12 del día para avisarle si aceptaba o no el recorte de sueldo, porque 'si no aceptas, yo ya tengo a alguien y le tengo que iniciar proceso de contratación'".
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Este colaborador teme perder la batalla porque no cuenta con un contrato formal, pero tiene comprobantes que le permiten corroborar la relación laboral. La recomendación en estos casos es acudir ante la Profedet para recibir asesoría.
En contingencia resulta válida la modificación de las relaciones laborales de trabajo siempre y cuando tanto patrón como colaborador estén de acuerdo. En caso de que estas condiciones cambien de forma unilateral, la opción es también acudir ante la Profedet. "Si el patrón de manera unilateral modifica las relaciones laborales, es considerada una causa para que el trabajador rescinda las relaciones de manera justificada y si gana el juicio se le debe puede la liquidación en su totalidad", asegura Hernández-Ojeda.
