El primer encuentro se realizará el 19 de agosto en Nuevo León, seguido por el foro del 3 de septiembre en Chiapas y el del 17 de septiembre en Guerrero. Sin embargo, la discusión nacional no comienza desde cero, pues 16 estados ya cuentan con disposiciones para prohibir o regular celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas, aunque cada entidad define sus propios alcances y excepciones.
Querétaro aprobó una de las medidas más recientes y extendió la restricción a primarias, secundarias y bachilleratos públicos y privados. Los alumnos no podrán utilizar dispositivos durante la jornada escolar, salvo cuando formen parte de una actividad pedagógica, exista una emergencia o cuenten con la supervisión de un docente.
Prohibir no resuelve el aprendizaje
Hasta ahora, las medidas estatales controlan el dispositivo, pero no establecen qué debe ocurrir con la inteligencia artificial dentro del proceso educativo ni responden cómo impedir que la IA sustituya el razonamiento del alumno sin retirar una herramienta que también puede mejorar el aprendizaje.
En entrevista con Expansión, Luis Portales Derbez, director de Experimentación y Medición de Impacto del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey, enfatizó que cualquier regulación debe partir de una realidad.
“Pondría una condición de base: la inteligencia artificial ya está aquí. Por más que queramos ignorarla, está aquí. Entonces, al reconocer que la vamos a utilizar, la pregunta es bajo qué criterios permitimos su uso”, afirma.
Portales tampoco favorece una prohibición general. Su experiencia como profesor le muestra que los celulares, audífonos y notificaciones dificultan mantener la atención, pero reconoce que los mismos dispositivos pueden utilizarse para responder cuestionarios, contrastar información o trabajar con una herramienta generativa.
“Prohibir no necesariamente es bueno. Estoy más a favor de regular y hacerles ver a los estudiantes cuáles son las implicaciones de tener un dispositivo cuando están tratando de aprender un concepto nuevo. También debemos preguntarnos cómo integramos la tecnología al salón de clases”, señala.
El especialista sostiene que las reglas deben considerar la edad de los alumnos, la evidencia disponible y el propósito de la herramienta. Una restricción durante la primera infancia puede responder a razones de salud y desarrollo, pero los estudiantes de otros niveles también necesitan aprender a utilizar la tecnología que encontrarán en la universidad y el mercado laboral.
La discusión cobra fuerza por las brechas del sistema educativo mexicano, ya que algunas escuelas cuentan con conexión a internet, plataformas institucionales y profesores capacitados. En otras, el teléfono del alumno representa la principal puerta de acceso a contenidos digitales.
“Tenemos que tomar decisiones con base en lo que sabemos y en la evidencia que aporta la ciencia. La pregunta tendría que ser para qué vamos a utilizar el dispositivo y cuál es su propósito. Prohibir o abrir la llave por completo nos puede llevar al mismo problema”, explica.
El Tec de Monterrey trabaja la inteligencia artificial desde tres frentes. El primero busca que estudiantes y profesores entiendan cómo funciona y cuáles son sus límites. El segundo evalúa herramientas capaces de mejorar la enseñanza mediante retroalimentación o rutas personalizadas de aprendizaje. El tercero prepara a los alumnos para utilizar las aplicaciones que encontrarán al incorporarse a una empresa.
La institución incluyó competencias transversales de inteligencia artificial en sus planes de estudio de 2026 y además financia proyectos propuestos por profesores y mide sus resultados antes de convertir una tecnología en una herramienta institucional.
“La inteligencia artificial es un habilitador, no un sustituto. Si ayuda a aprender ecuaciones diferenciales o a diseñar tablas nutricionales, tiene espacio en el plan de estudios, pero no es el plan de estudios”, comenta Portales.
