Pymes llevaron la batalla a la Corte Suprema
El desafío legal no nació desde gobiernos extranjeros, sino desde importadores estadounidenses directamente afectados por los nuevos costos.
Entre los demandantes destacaron V.O.S. Selections, un importador de vinos y licores; Learning Resources, fabricante de juguetes educativos; Hand2Mind, proveedor de materiales didácticos; y otras pequeñas compañías dedicadas a la distribución de alimentos, productos educativos y bienes de consumo.
Las empresas argumentaron que los aranceles impuestos bajo IEEPA alteraron contratos vigentes, elevaron costos de inventario y pusieron en riesgo operaciones familiares que dependen del comercio internacional.
Los casos llegaron primero a la Court of International Trade, donde los jueces concluyeron que IEEPA no autoriza la imposición de aranceles. El gobierno apeló, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal confirmó el razonamiento y abrió la puerta a una revisión definitiva.
El conflicto llegó así a la Corte Suprema como una prueba directa sobre los límites del poder presidencial en materia comercial.
El fallo que desmontó el plan IEEPA
El 20 febrero de 2026, la Corte Suprema resolvió que el presidente carece de autoridad para imponer aranceles bajo IEEPA.
La decisión invalidó tanto los aranceles recíprocos como las tarifas vinculadas al combate al fentanilo. El tribunal sostuvo que regular importaciones no equivale a crear impuestos fronterizos y recordó que la facultad arancelaria pertenece al Congreso.
Aduanas y Protección Fronteriza suspendió el cobro de los derechos adicionales asociados a IEEPA, lo que abrió discusiones sobre reembolsos y ajustes contractuales para miles de importadores. El fallo no eliminó la política arancelaria estadounidense, solo este mecanismo utilizado para aplicarla.
